Se invalida traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha invalidado el traspaso operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al considerarlo violatorio del artículo 21 constitucional. El fallo se emitió con una mayoría de ocho ministros, mientras que los ministros Loretta Ortiz Ahlf, Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.

La SCJN argumentó que el marco normativo para llevar a cabo el traslado de la corporación desfiguró el carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, como lo establece el artículo 21 constitucional. En consecuencia, la mayoría de los ministros concluyó que el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena viola el espíritu de la Constitución y debe ser invalidado.

El ministro Alberto Pérez Dayán señaló que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, deben ser de carácter civil. Afirmó que las iniciativas, los trabajos preparatorios, los dictámenes de comisión y la discusión del Poder Reformador de 2019 no dejan lugar a dudas en cuanto a la vocación civil de las instituciones de seguridad pública.

Este fallo de la SCJN es de gran importancia en el contexto de la seguridad pública en México. La creación de la Guardia Nacional fue una medida impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la violencia y el crimen organizado en el país. Sin embargo, la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena generó preocupaciones sobre la militarización de la seguridad pública y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos.

Con este fallo, la SCJN ha establecido un límite claro a la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública y ha reafirmado la importancia del carácter civil de las instituciones de seguridad pública en México. Es importante destacar que la Guardia Nacional seguirá existiendo y que se espera que se realicen cambios en su estructura y funcionamiento para garantizar su carácter civil y su eficacia en la lucha contra el crimen y la violencia en el país.