Un juez federal ha ordenado la prisión preventiva del exdelegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, el contralmirante Salvador González Guerrero, por su presunta responsabilidad en la muerte de 40 migrantes después de que se incendiara la estación migratoria de Ciudad Juárez hace unas semanas. Durante una audiencia celebrada el 17 de abril, se declaró legal la detención de González Guerrero y se le imputaron los delitos de homicidio y lesiones, así como el ejercicio ilícito del servicio público.
La audiencia sobre la posible vinculación a proceso se fijó para el 21 de abril debido a que el extitular del INM optó por la duplicidad del término constitucional. González Guerrero fue detenido el domingo en un restaurante de la Avenida Tecnológico de la Colonia Jardines del Aeropuerto.
Según se ha informado, el exencargado del INM de Juárez ha solicitado a través de sus abogados que se le imponga un arraigo domiciliario o que sea enviado a un prisionero militar, concretamente al Campo Militar número 1-A en la Ciudad de México, por considerar que su vida corre riesgo en una prisión civil debido a las funciones que llegó a realizar.
El contralmirante en retiro de la Secretaría de Marina (Semar) es acusado de haber dado la orden de no abrir las rejas de la estación durante el incendio del pasado 27 de marzo, lo que habría provocado la muerte de 40 migrantes. Se le acusa de homicidio y lesiones dolosas, así como el indebido ejercicio de la función pública, y el primero de ellos amerita prisión preventiva de oficio.
La detención de González Guerrero ha sido llevada a cabo por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Fiscalía General de la República (FGR) en las inmediaciones del restaurante “El Corralito”, ubicado en avenida Tecnológico de la colonia Jardines del Aeropuerto.
Es importante destacar que este caso ha generado gran indignación y ha puesto en el centro del debate la situación de los migrantes en México y la necesidad de mejorar las condiciones en las estaciones migratorias del país. Las autoridades deben garantizar que se realice una investigación exhaustiva y justa para determinar las responsabilidades y evitar que se repitan este tipo de tragedias.
