La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha tomado una decisión histórica al invalidar la facultad de los militares para interceptar comunicaciones de civiles sin la orden de un juez de control del fuero civil. La decisión se tomó con ocho votos de los ministros que invalidaron varios artículos del Código Militar de Procedimientos Penales y del Código de Justicia Militar, al resolver la acción de inconstitucionalidad presentada por el expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl Ramírez.
La SCJN destacó que, aunque el Código Militar impugnado establece algunos controles para ejercer estas intervenciones, éstos no son claros ni suficientes. Por lo tanto, los juicios basados en pruebas obtenidas por intervenciones de comunicaciones sin la autorización de un juez quedarán sin validez. Además, la invalidez de las normas en materia penal será retroactiva al 17 de mayo de 2016, fecha en la que entraron en vigor las disposiciones analizadas.
La SCJN también invalidó el artículo 278 del Código Militar de Procedimientos Penales, que permitía al ministerio público militar solicitar al órgano jurisdiccional la autorización para realizar cateos, los cuales podrían efectuarse respecto de cualquier domicilio particular. Esto permitía a la autoridad militar ejercer medidas restrictivas que impactaban en la esfera de los civiles sin la intervención de un juez civil.
La discusión sobre este tema comenzó el 27 de marzo y concluyó este lunes, cuando los dos ministros ausentes votaron en la decisión. La decisión ha sido ampliamente elogiada por grupos de derechos humanos, quienes la consideran un paso importante para garantizar la privacidad y la protección de los derechos civiles en México.
En un país como México, donde la violencia y el crimen organizado son una amenaza constante, la decisión de la SCJN es un recordatorio importante de que la seguridad no debe lograrse a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las personas. La decisión también destaca la importancia de la independencia del poder judicial y de la necesidad de proteger a los ciudadanos de cualquier abuso de poder por parte de las autoridades.
