Por Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes
Una Constitución, si detalla con exactitud todas las subdivisiones que sus grandes poderes pueden admitir, y todos los medios por los que pueden ejecutarse, sería tan prolija como un código legal y no podría ser abarcada por la mente humana. Probablemente, nunca sería entendida por la gente”.
John Marshall, en McCulloch versus Maryland (1819)
Donald J. Trump es el primer expresidente de los Estados Unidos de América objeto de una denuncia penal.
Durante varias semanas previas a la audiencia de principios de abril el Gran Jurado de Manhattan investigó la conducta de Trump y su equipo al haber intentado sobornar a dos mujeres con quienes había sostenido encuentros sexuales previos a la campaña presidencial del 2016.
Además de esta imputación Trump enfrenta alrededor de 34 cargos, de los cuales se declaró como No culpable.
Trump había sido previamente acusado por la comisión de otros delitos por instancias federales sin éxito. Cómo su probable participación en los actos vandálicos ocurridos en el Capitolio previo al ascenso de Joe Biden.
Así también se le acusa de sustraer documentos clasificados como de seguridad nacional.
Por ahora la Corte local de Manhattan sí logró enjuiciarlo debido a la acusación enderezada en su contra por una famosa actriz porno Stormy Daniels, a quien el abogado de Trump Cohen le pagó 130 mil dólares para evitar su testimonio. Los recursos al parecer provinieron de fondos familiares de campaña, registrados contablemente en otros rubros y partidas pretendiendo engañar a diversas autoridades.
Lo que es un hecho es que la acusación formal del gran jurado de Manhattan contra el expresidente Donald J. Trump refieren pruebas de audios, registros y documentos que sustentan 34 cargos delictivos contra las leyes penales de New York: falsificación de registros comerciales, que involucra sobornos a una actriz porno, a otra mujer para mantenerla en silencio mientras estaba casado logrando que no se publique o difunda públicamente información sobre ella, así como los efectuados por su abogado Michael Cohen para mantener callada su relación sexual con la primera en mención, y de ocultamiento de pagos relativos a su campaña presidencial de 2016 (en efecto, Cohen se ha declarado culpable de evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones de financiamientos de campaña).
El fiscal Alvin Bragg ha solicitado al juez una fecha de juicio para el 16 de enero de 2024, dos semanas antes de la fecha programada actualmente para las primarias de New Hampshire para la carrera presidencial del próximo año, mientras los abogados de Trump solicitan que el juicio se desarrolle en la primavera 2024.
Es posible que derivado del paso del tiempo estos delitos queden prescritos.
Otra de las acusaciones que enfrenta Trump tiene que ver con la elección en el estado de Georgia en el 2020; en donde al parecer los resultados electorales no le favorecieron y presuntamente conspiró y forzó a la autoridad local a cometer fraude electoral.
De inmediato han aparecido expresiones de aliados políticos de Trump como el presidente de la cámara de representantes McCarthy, quien acusó al fiscal Alvin Bragg de intervenir en el proceso electoral.
Bragg tiene el prestigio de ser un abogado experimentado, que sabe lo que está en juego y, por lo tanto, el sí podrá probar las acusaciones contra el expresidente Trump.
Nuevamente, a pesar del hecho de que estemos ante acusaciones sobre un expresidente estadounidense y a su vez un aspirante a la nominación presidencial republicana actualiza tanto la importancia del debido proceso en el centro del sistema de justicia penal estadounidense, pudiendo dar cuenta de la supremacía del derecho sobre la política, como el que políticos en activo han sido acusados, enjuiciados y condenados en la historia política de EUA.
En sentido contrario, dado que el histórico proceso judicial contra Trump puede tardar años en abrirse camino en el sistema penal, un enjambre de mociones eficientes y de tácticas dilatorias, permitirían a Trump retrasar el juicio hasta después de la elección presidencial de 2024, al grado de que, si su caso penal se mantiene en firme después de noviembre de ese año, podría invocar el privilegio ejecutivo de poder ocultar información que le hubiese sido requerida.
En 1996, el presidente William J. Clinton fue citado por un gran jurado del estado de Arkansas como testigo en una causa relacionada con el escándalo de fraude financiero Whitewater, que implicó intensas negociaciones para asegurar su testimonio, pactándose limitaciones a las preguntas que le formularon oficialmente, por lo que el sistema de justicia se guarda su capacidad de proteger la integridad de la Presidencia estadounidense.
Ello explica en parte que los abogados defensores que acompañaron a Trump en la audiencia en el tribunal estatal de Manhattan, tienen un predominante historial de perfil dominante en el manejo de narrativas en medios televisivos: Trump ha asumido su propio enjuiciamiento como un espectáculo político que le llevará directo a fortalecer sus posibilidades para la nominación como candidato en el partido republicano, y a su vez, a la reelección presidencial.
Por otro lado, hasta ahora Trump continúa como el republicano más fuerte para obtener la nominación de su partido a la Presidencia de los Estados Unidos, situación que despliega sospechas de estrategias políticas en su contra para descarrilar sus posibilidades en la obtención de la candidatura presidencial.
El gobernador de Florida Ron DeSantis es quien figura dentro del Partido Republicano para disputarle a Trump la nominación, pero en los sondeos aparece muy atrás, y más lejano en las encuestas, el exvicepresidente Mike Pence.
Pence y De Santis sin embargo representan dos personajes de extrema derecha, con agenda ideológica evangelista, con un pragmatismo radical acaso más consistente que el de Trump, que les entraña posibilidades de dar mayor competencia y votación frente a los demócratas en una elección abierta por la Presidencia en 2024: ambos siguen haciendo discreta campaña a la nominación republicana, a pesar de la irresistible, combativa e irascible campaña política personal que les significa ofrecer resistencia a la reelección de Trump, y lo hacen así porque saben que en ello se juegan el dividir más al partido y a sus seguidores irredentos.
Habrá que esperar en el transcurso de esta semana estudios demoscópicos más recientes para medir la posible afectación a Trump que significa esta coyuntura de procesamiento penal, situación que puede valorarse poco probable.
No debe descartarse que, al interior de las élites y militantes partidistas republicanos, predomina la visión de que, a pesar del liderazgo y el triunfo de Trump de la nominación republicana de la candidatura presidencial, la convicción dominante es que no podrá arrebatar a los demócratas el control de la Presidencia en 2024.
A nivel geopolítico, el reloj político sigue su marcha como la cruenta guerra ruso-ucraniana, y si eventualmente, el conflicto bélico se extiende a 2024 y V. Putin resiste en su ofensiva, encontraría en Trump un aliado internacional invaluable para sus designios de liderazgo internacional posguerra ucraniana.
A su vez, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador pidió en la conferencia matutina de Palacio Nacional que no debe utilizarse lo jurídico con propósitos político-electorales: “Yo ya lo padecí y que no quieran descalificar a nadie, en ninguna parte del mundo”.
Con ello, en su intuición y visión estratégica el presidente AMLO refrenda su ascendencia en la relación personal que tiene con el expresidenteTrump, mantiene la firmeza de su independencia de criterio frente a la política actual de EUA y la Presidencia de Biden, y construye un asidero de cercanía estrecha y futura entre López Obrador y su propio sucesor presidencial mexicano, ante una eventual reelección del republicano en la Casa Blanca en 2024.
