La compañía canadiense ATCO Ltd. ha anunciado la transferencia de la propiedad de un gasoducto no terminado a México, el cual estaba envuelto en una disputa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), según informaron dos funcionarios a Reuters.
En octubre del año pasado, la CFE tuvo que pagar cerca de 100 millones de dólares a ATCO por daños, intereses y honorarios legales relacionados con el gasoducto Ramal Tula, ubicado en Hidalgo, México.
Con este acuerdo para transferir el gasoducto, ATCO se liberará de sus responsabilidades y el Presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá la oportunidad de concluir el proyecto pausado, que se diseñó para suministrar gas natural a una central eléctrica en el norte de la Ciudad de México.
Tres fuentes cercanas al asunto informaron que el acuerdo se alcanzó después de que el Presidente AMLO se reuniera con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, en enero pasado, quien aprovechó la oportunidad para plantear las preocupaciones de las empresas energéticas canadienses en México.
Posteriormente, López Obrador se reunió con representantes de las empresas, incluida ATCO, y cerraron los detalles de la transferencia en febrero, según una de las fuentes, mientras que dos más aseguraron que no hubo un pago involucrado en la transferencia.
Este acuerdo, beneficioso para ambas partes, contrasta con las disputas no resueltas relacionadas con las políticas energéticas de López Obrador, que han enfrentado a Estados Unidos y Canadá con México.
Desde un principio, el Presidente mexicano ha puesto en marcha medidas para reforzar el control estatal del sector energético, argumentando que los gobiernos anteriores sesgaron el mercado a favor del capital privado.
Por su parte, las empresas del norte del continente alegan que sus medidas las ponen en desventaja e incumplen un acuerdo comercial norteamericano. Por ello, en julio pasado, los gobiernos de Estados Unidos y Canadá iniciaron conversaciones formales de resolución de disputas con México en materia de energía.
ATCO fue parte del arbitraje porque la CFE canceló un contrato que la empresa hizo con el Gobierno de Enrique Peña Nieto para construir el gasoducto, argumentando que la obra estaba incompleta.
En aquel momento, ATCO había concluido gran parte del gasoducto de 17 kilómetros, pero explicó que no podía completar el tramo final debido a la resistencia de las comunidades locales, e invocó a fuerza mayor.
Según la empresa, México no había hecho lo suficiente para permitir la conclusión del gasoducto y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres le dio la razón, por lo que México pagó en diciembre de 2021, según indicaron fuentes cercanas al tema.
