La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ha anunciado que impugnará la decisión del ministro de la Suprema Corte (SCJN), Javier Laynez Potisek, de admitir la controversia constitucional que interpuso el INE y suspender la aplicación del Plan B en materia electoral. El INE presentó esta controversia argumentando que la reforma electoral aprobada por el Congreso viola la Constitución, ya que vulnera la autonomía de la autoridad electoral y afecta los derechos político-electorales de los ciudadanos.
En su comunicado, la CJEF acusa al ministro Laynez Potisek de “arrancar hojas a la Constitución” y de desconocer las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales. Según la dependencia federal, la admisión a trámite de una controversia constitucional en materia electoral no es común y la Constitución no lo permite. Además, afirma que nunca antes un solo juez constitucional había dejado sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenado revivir las disposiciones derogadas, lo cual solo puede determinarse mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros.
La CJEF considera que la decisión del ministro Laynez Potisek modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula la presunción de validez constitucional que toda norma general posee. Según la dependencia federal, esta situación constituye un régimen de excepción que resulta preocupante, ya que desnaturaliza el medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión.
El Ejecutivo federal considera fundamental que los ministros de la SCJN actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que les impone la Constitución y las leyes. De esta manera, se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación.
Por estas razones, el Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la SCJN revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva. El Ejecutivo federal considera que estas medidas resultan contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige.
Ante esta serie de arbitrariedades, una vez que se notifique formalmente dicha resolución, el Ejecutivo federal, a través de su Consejería Jurídica, impugnará la decisión del ministro Laynez Potisek que admitió a trámite y suspendió la aplicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Se anexa comunicado oficial:
