Armando Ríos Piter
Por una #SociedadHorizontal
La semana dio muestra de las complejas condiciones que imperan en torno a las Fuerzas armadas en el país. Los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, desnudaron una secuencia de hechos sobre los terribles contrastes que imperan en la percepción del Ejército, las relaciones de éste con el actual gobieno y con la propia sociedad. Ha habido fuertes señalamientos por violaciones a derechos humanos, por acciones de espionaje, detenciones de militares y movilizaciones de militares criticando el escaso apoyo que reciben por parte de la autoridad gubernamental para desempeñar sus actividades.
La Secretaría de la Defensa informó que la madrugada del día 26 de febrero, el personal militar realizaba un operativo de reconocimiento de área cuando oyeron disparos, por lo que avanzaron e identificaron una camioneta Pick Up con siete sujetos a bordo, quienes “se trasladaban a exceso de velocidad”. Dicha camioneta habría acelerado al ver a las tropas y se detuvieron al impactarse con otro vehículo. Entonces, los militares decidieron accionar sus armas. Luego del tiroteo, encontraron a una persona ilesa, a una herida y a cinco personas sin vida.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, ha señalado que los militares dispararon más de 60 veces. Familiares de las víctimas denunciaron que en realidad fue una de las camionetas militares la que chocó contra los jóvenes. Han dicho que después de chocarles por detrás, empezaron a dispararles. Causó sorpresa que el propio subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, admitiera que el Ejército ejecutó a los cinco jóvenes. El funcionario reconoció que hay elementos que acreditan que los jóvenes no iban armados y dijo: “No se trató de un enfrentamiento, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados”.
En paralelo se supo que desde el 16 de agosto del 2020, el activista Ramos había sido espiado en sus conversaciones con periodistas por parte de la SEDENA, desde el 16 de agosto de 2020. Según una tarjeta informativa filtrada por el colectivo “Guacamaya”, el objetivo de dichas intervenciones era acceder a las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Los medios han criticado que las comunicaciones se dieron a través de mensajería cifrada, por lo que solo podrían haber sido obtenidas con una herramienta como Pegasus, para lo cual carecen de facultades legales respecto a comunicaciones privadas de civiles. Al momento no existe registro alguno de autorización judicial para intervenir las comunicaciones de Ramos. AMLO se limitó a negar que esto fuera espionaje y dijo que es “inteligencia”.
El episodio mostró una arista de preocupación adicional cuando, como reacción a la detención de cuatro elementos del Ejército Mexicano por los hechos ocurridos en Nuevo Laredo, tanto en Tamaulipas, como en la CDMX, Morelos, Oaxaca y Chiapas (aunque algunos notificaron que fueron 19 entidades) hubo manifestaciones de militares en retiro, jubilados y en activo, así como sus familiares, quienes portaron pancartas con lemas tales como: “¡Soldado, amigo, el pueblo está contigo!”. Alejandra Segura, una profesora que protestó hasta el Zócalo declaró: “No es posible que los delincuentes tengan mejores y mayores derechos que los militares que descuidan a su familia, ganan poco y sufren”. Se cuestionó la actual política de seguridad, que muchos ven como laxa contra los criminales y dura con los militares.
El tema es delicado, no basta con generar castigos por violaciones a derechos humanos. Hoy prevalecen muchas preguntas que aún no encuentran respuestas claras: ¿Hay división al interior del ejército respecto a la política de seguridad del actual gobierno? Si es así, ¿qué tan profunda es? En una entidad con una grave penetración de la delincuencia organizada, como Tamaulipas, ¿podrían las organizaciones de Derechos Humanos también estar infiltradas por el crimen organizado? ¿Qué tanto más desgaste de esta naturaleza, podría soportarse para la institución militar? Especialmente cuando los cuerpos intermedios de policías locales y estatales son prácticamente inexistentes.
Se renueva la duda latente desde la creación de la Guardia Nacional: ¿el marco jurídico prevaleciente es el correcto para que las actividades -de inteligencia y operativas- de las fuerzas armadas ayuden a acabar con la violencia en las calles?
Sirvan estas preguntas para que la #SociedadHorizontal haga una revisión a fondo de lo ocurrido en Nuevo Laredo. El escenario tamaulipeco enmarca la grave crisis que vive el Estado Mexicano en materia institucional.
