El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva con la que pretende endurecer los requisitos para la compra y venta de armas en los Estados Unidos. El documento encomienda a la fiscalía general, entre otras instituciones, de ese país a reforzar las normas para que los comerciantes de armas con licencia federal realicen verificaciones más exhaustivas de los antecedentes de quienes pretenden adquirir un arma de fuego, así como para hacer públicos los registros de inspección a vendedores y se impida que a quienes perdieron dichas licencias continúen su comercialización. Además, se solicitó la notificación de venta a menores de 21 años, así como la mejora de políticas federales en apoyo a víctimas y familiares de tiroteos.
Se trata de una medida del poder ejecutivo como reacción a la parálisis legislativa que, tristemente, le cuesta la vida cada vez a más personas. Es esta ruta justamente la adecuada para el restablecimiento de controles restrictivos para el comercio de armas que hace no mucho estaban vigentes, entre otras medidas, como la existencia de centros de venta al menudeo, así como controles más exigentes para determinar a quién y cómo se comercializa el armamento que inunda las calles de Estados Unidos.
Son más de 115 mil personas las personas heridas por arma de fuego al año en Estados Unidos, de las cuales casi 8 mil son niños entre 1 y 7 años y algo así de 40 mil fallecimientos, lo que la identifica como una crisis de salud pública, medible por el Centro de Control de Enfermedades de ese país, ya que habla también de aspectos como sobrevivientes, heridos, discapacidad, trauma, además de otra serie de consecuencias multisectoriales que conlleva este fenómeno.
Es tan grande la crisis que, desafortunadamente, permea fuera de sus fronteras y exige la apertura al diálogo respecto a las medidas que como país debemos tomar para atender la adquisición de grandes cantidades de armamento de alto poder por parte de organizaciones criminales en un mercado ilícito paralelo que tiene un origen legal, de ahí la urgencia del fortalecimiento de esos controles eficientes y duraderos en los países de origen que permitan la trazabilidad y la reducción de estas cifras atroces.
Esto no significa que sea responsabilidad únicamente de Estados Unidos, el control del mercado de armas es una obligación también del gobierno mexicano y con ello se exhiben una serie de carencias tanto en la creación e implementación de estrategias que incidan en mejores mecanismos de prevención y atención del delito.
Lamentablemente, la conversación no se está dirigiendo a la reducción del uso de armas de fuego, sino la justificación de intereses particulares que llevan a la muerte de cientos de miles en los dos lados de la frontera.
Azul Etcheverry Aranda
