Tras el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), las autoridades han vinculado a proceso a otras dos personas relacionadas con el caso. Por vinculación a la simulación de compra de 7 mil 840 toneladas de azúcar valuada en más de 142 millones de pesos.
Esto fue a través de Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y determinada por el juez de control del centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Gregorio Salazar Hernández.
Los involucrados son, Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de la Dirección Comercial de Diconsa en el estado de Querétaro, y Gonzalo Mora Nateras particular que habría sido parte del esquema de lavado de dinero a través de la empresa Servicios Integrales Carregín, S.A. de C.V.
Estas personas han sido vinculadas a proceso por los delitos de delincuencia organizada y, en el caso de Mora, también por lavado de dinero. El impartidor de justicia dio un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria, junto con la ratificación de la prisión preventiva oficiosa para que permanezcan en el Centro Federal de Readaptación Social 1 en Almoloya de Juárez.
Hasta el momento ya son nueve personas detenidas tras cateos en los estados de Querétaro, Estado de México, Guanajuato y la Ciudad de México, de las cuales solo seis han sido procesadas y quedan pendientes otras 13 detenciones al encontrarse prófugos de la justicia.
Entre el viernes del 10 de marzo y el domingo 12, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a al menos cinco implicados, entre los que se encontraban Gonzalo Mora y Rivera Ramos, lo cual fue dado a conocer por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Fue el pasado 9 de marzo que la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero, anunció que se habían obtenido 22 órdenes de aprehensión contra los implicados en el desvío millonario contra la Segalmex.
Ya que se encuentran implicadas en contratos y pagos hechos con irreguilaridades por más de 142 millones de pesos por la compra de azúcar cuyo destino es desconocido y tampoco pudo ser comprobado que haya sido entregado a Segalmex.
Además de esto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que hay irregularidades que superan los 840 millones de pesos en las cuentas públicas del 2019 al 2020.
