Por Liébano Sáenz
La polarización que padecemos hace que el tremendismo o el fatalismo tomen la delantera. Desde luego que hay temas de profunda preocupación, desafíos que ponen a prueba la fortaleza de las instituciones, pero hace falta perspectiva para entender los procesos políticos en su justa dimensión. Reivindicar la legalidad implica que los actores políticos y el conjunto de autoridades se comporte con estricto apego a la norma. Sin embargo, nada garantiza que así suceda; diferencia de criterios, intereses en conflicto, pretensiones de orden político y muchas otras consideraciones llevan a que la norma no se observe de acuerdo con la expectativa o con el manual de la estricta legalidad.
Esto es parte de la realidad y es el valor que tiene el Poder Judicial Federal y la tarea que realizan el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la salvaguarda de la Constitución. Las autoridades y el propio Congreso podrían realizar actos que no se ajusten a la norma suprema; precisamente para ello está la instancia judicial. Las personas, las autoridades y los actores de la política pueden recurrir a medios jurisdiccionales en la salvaguarda de sus derechos, atribuciones o intereses.
El camino judicial es sinuoso, a veces lento y, finalmente, como toda tarea humana, falible. También es explicable que quien no es favorecido por el fallo judicial o la sentencia exprese su reserva. A pesar de ello, el proceso jurídico es la garantía de salvaguarda del pacto social que se expresa y define en el contenido de la Constitución. Por esta consideración, lo judicial es, con justa razón, la última trinchera del orden social, garante de la paz social y de la civilidad.
Cierto optimismo que se respira en el ambiente nacional no deriva del voluntarismo o de la necesidad de creer que estamos bien o que estaremos mejor; es resultado de la fortaleza de las instituciones. Y es que, afortunadamente, México cuenta con un Poder Judicial Federal eficaz para acometer los desafíos que la realidad depara, un Tribunal Electoral que ha resistido la prueba del ácido al resolver con acierto asuntos delicados de la competencia política y una Corte que ha acreditado compromiso y eficacia en la tarea de salvaguardar la
Constitución Política.
