Alberto Pérez Dayán, ministro, admitió a trámite la controversia constitucional, ingresada por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la parte del “Plan B” que ya entró en vigencia.
Pérez Dayán dio un plazo de 30 días hábiles para los poderes Legislativo y Ejecutivo presenten su contestación de la controversia constitucional, ingresada por el Instituto Nacional Electoral (INE).
“Con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, señaló Pérez Dayán.
El plazo de contestación se vence en abril próximo y la Corte tendría una fecha máxima de finales de mayo para resolver las impugnaciones contra el cambio a las leyes federales para que estas, en caso de validarse, puedan instrumentarse en las elecciones presidenciales de 2024.
La Suprema Corte ha recibido al menos cinco controversias constitucionales contra la parte del Plan B que ya entró en vigencia, la cual está relacionada con publicidad oficial y actuación de funcionarios durante procesos electorales.
La parte medular de la reforma electoral que, según el INE, pone en riesgo la celebración de elecciones libres en el país, ya fue aprobada y solo falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que entre en vigencia.
