Oaxaca, es el estado en donde hay mayor producción mezcalera artesanal de todo el país y del mundo. Esta, es una actividad económica de la que dependen 48 mil familias oaxaqueñas de comunidades rurales e indígenas; en el estado, la comercialización del mezcal, genera más de 16 mil empleos directos y más de 48 mil indirectos. La mayoría elabora mezcal de manera artesanal, ya sea con destilación en alambiques de cobre u ollas de barro.
El impuesto fijado de 4.5% aprobado por la 65 Legislatura del Congreso de Oaxaca sobre el precio de venta a las bebidas alcohólicas en envase cerrado, afectará a los productores mezcaleros con mayor grado de pobreza y marginación. Esto, afectará a productores con mayor nivel de pobreza; “y es un chantaje para obligar a que se certifiquen; es necesario un impuesto no tan elevado”, señalan Maestros productores de Mezcal
La certificación para ser un maestro del mezcal, asciende a más de 20 mil pesos mexicanos en el Consejo Mexicano Regulador del Mezcal (Comercam); pero, además de todo, debe certificarse su palenque, el proceso de elaboración y hasta los magueyes, pagos que deben realizarse regularmente para mantener la certificación.
Ante tanta inconformidad, el gobierno de Oaxaca y la 65 Legislatura del Congreso del estado afirmaron, que brindarán un apoyo especial totalitario a los productores de mezcal para no paguen “ni un peso” del nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas; sin embargo, en ese decreto precisaron que solamente serán beneficiarios aquellos mezcales o productores que cuenten con la certificación oficial.
El Presidente de la unión nacional de maestros del mezcal, señaló, que hay bastante producción clandestina y que exenta el reciente impuesto del 4.5% a los mezcales, y que los certificados, es una forma de presión para obligarlos a incorporarse a algún organismo certificador. “Es hacerle manita de cochi”, expresa.
“Todo el mundo tenemos que pagar impuestos, pero depende de la gente, del productor, de la zona, de la región y todo eso lo tienen que investigar los de Finanzas del gobierno del estado y los diputados, con el objetivo de tomar una determinación que sea justa, que responda a la realidad y que no sea producto de las ocurrencias”, sentencia señala Abel Alcántara.
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