El Plan B de Reforma Electoral, propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de controversia desde su anuncio. Entre las críticas, se argumenta que el plan atenta contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y que podría llevar a una posible manipulación del proceso electoral.
En respuesta a las preocupaciones planteadas, diversas organizaciones han llamado a manifestaciones en más de 75 ciudades del país, en las que los ciudadanos expresan su desacuerdo con la iniciativa.
A pesar de las críticas, el Plan B fue aprobado en comisiones del Senado, lo que generó nuevas reacciones en contra de la iniciativa. Ricardo Anaya, excandidato presidencial, acusó a López Obrador de querer destruir el INE y calificó el Plan B como una “reverenda tontería”.
En medio de la polémica, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de la primera parte del Decreto del Plan B de la Reforma Electoral, lo que podría significar un revés para la propuesta del presidente.
La admisión a trámite de las acciones de inconstitucionalidad concedió una suspensión provisional, lo que significa que se deberá mantener en suspenso la aplicación del decreto en tanto se resuelve el caso.
En total, son siete acciones de inconstitucionalidad admitidas por el ministro, quien también suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías del país, para que no se apliquen en el Estado de México y tampoco en Coahuila, estados que llevaran a cabo elecciones este año.
La decisión del ministro Pérez Dayán ha sido vista como una buena noticia por parte de las organizaciones que se oponen al Plan B. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer en el proceso y se espera que el resultado final sea justo y equitativo.
La discusión sobre la renovación del INE sigue vigente, generando opiniones encontradas. Algunos argumentan que es necesario modernizar y fortalecer el órgano electoral, mientras que otros consideran que el INE ha demostrado su eficacia y que es importante respetar su autonomía.
En cualquier caso, la admisión a trámite de las acciones de inconstitucionalidad por parte del ministro Pérez Dayán es un paso fundamental en el proceso y se espera que se resuelva de manera oportuna. La ciudadanía estará atenta a los acontecimientos y seguirá manifestando su opinión en relación con la propuesta del Plan B y su posible impacto en las próximas elecciones.
Cabe destacar que la mayoría de los municipios que promovieron controversias constitucionales son de los estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila, Durango, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Querétaro, Campeche y Yucatán, gobernados por el PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano.
