Primero quiero recordarles que en el año 2021 fueron acusados 31 miembros del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) por la propia dirección del Conacyt, ante la Fiscalía General de la República (FGR), por cuatro delitos que son: peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, lavado de dinero y delincuencia organizada; alegando que malversaron unos 561 millones de pesos (casi US$28 millones) del Conacyt.
Pero el 13 de enero de este año el juez federal Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, resolvió dictar el sobreseimiento (poner término total o parcial al proceso) de solamente 5 (cinco) científicos investigadores por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos de corrupción.
Cabe resaltar que el juez federal Salazar Hernández, fue el mismo que negó en el año 2021 girar la orden de aprensión contra los 31 científicos, ya que en ese momento consideró que no podían delito los hechos investigados por la Fiscalía al no poder analizarse en el derecho penal, y por consecuencia no eran delictivos.
De acuerdo con el Conacyt los 31 científicos habían creado una asociación civil privada llamada Foro Consultivo, Científico y Tecnológico desde los fideicomisos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y se incorporaron a ella, violando la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.
Además, la propia Fiscalía General de la República acusaban a nueve de los 31 por comandar una organización criminal adentro del Conacyt y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Por el momento los cinco científicos exonerados han manifestado su beneplácito ya que pudieron haberles encarcelado injustamente, como ha ocurrido con muchos mexicanos inocentes que hoy por hoy están tras las rejas y que les han destruido sus vidas.
Pero sobre todo reconocen el trabajo que el juez independiente, que reviso el caso y pudo ver las irregularidades; como fue el que la asociación civil había recibido ilegalmente fondos, ya que el Foro estaba y sigue estando reconocido como un órgano de consulta, en la Ley de Ciencia emitida en 2002, aún vigente, y el Conacyt debe dar los fondos para que pueda realizar sus labores; pero en 2019 cambiaron su reglamento y quisieron hacerlo retroactivo, por lo que quedó claro que no había ningún delito.
Así he de decir que las leyes no son retroactivas, toda ley entra en vigor a partir del ordenamiento jurídico de seguridad, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y ninguna ley tiene efectos hacia atrás en el tiempo; el hecho de que cambiaran sus reglamentos no otorga el derecho de aplicarlo de manera retroactiva.
Queda esperar que pasará con los 26 científicos que todavía tienen un juicio, si bien la suspensión de estos cinco casos por falta de una justificación da lugar a que los otros acusados pudieran apoyarse en lo que se constituye como jurisprudencia y también salir absueltos de estos delitos beneficiándose del sobreseimiento que tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria.
Y a pesar de todo lo dicho la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el fallo del juez Gregorio Salazar Hernández, por lo que el caso habrá de turnarse a un Tribunal Colegiado para que en los próximos días determine si confirma, revoca o modifica la determinación del impartidor de justicia.
