La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de ordenar a México eliminar de sus normas la medida del arraigo y ajustar las relacionadas con la prisión preventiva, al determinar que ambas figuras jurídicas van en contra de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violando derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
Dicha resolución de este tribuna regional se da tras la emisión de una sentencia en un caso de 2006 en el que argumenta que el Estado Mexicano violó los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías y protección judicial de los acusados en ese y otros casos. Al respecto, las autoridades mexicanas dijeron que analizarán la resolución en virtud del cumplimiento de las disposiciones dictadas.
Se trata de una de las sentencias en las cuales la CIDH pretende limitar la visión punitiva que prevalece en México, intentando resolver los problemas de delincuencia e impunidad con legislación que invierte la presunción de inocencia, limita la libertad de las personas y faculta a las autoridades por encima de lo constitucionalizado para “aparentar” un resultado donde el sistema de procuración e impartición de justicia en México no trabaja o no es equitativo.
Representan la privación de la libertad de una persona mientras se le investiga, sin que sepa de que se le acusa, sin imputación formal, sin haber sido presentada ante la autoridad, sin que se active el derecho a la defensa entre otra serie de vulneraciones, las cuales se incluyeron en el marco legal como una medida “transitoria” para migrar desde el sistema penal tradicional al acusatorio actual, donde se otorgaron una serie de salvaguardas a la autoridad para que la transición afectara los procesos antes iniciados, sin que lo anterior tuviera un efecto significativo en la seguridad actual.
Por lo tanto esta sentencia es un paso importante porque, al insistir en que estas medidas sean retiradas del marco jurídico mexicano, se busca invalidar esa mentalidad punitiva exagerada y exigir a las fiscalías que verdaderamente realicen las labores que se les exigen.
Lo que se solicita es la adecuación a una serie de principios basados en la legitimidad y en la funcionalidad como medida extraordinaria en un sistema jurídico y penitenciario que revictimiza más que impartir justicia. Ahora falta esperar como las autoridades de nuestro país adoptan estas disposiciones, si es que lo hacen.
Azul Etcheverry Aranda
