Los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han declarado que el plan B de la Reforma Electoral es regresivo e inconstitucional. Han anunciado que recurrirán a todos los medios legales disponibles, incluyendo acciones de inconstitucionalidad, una vez que sea aprobado por el Congreso de la Unión.
En una sesión del Consejo General del INE, se presentó un informe sobre el impacto y riesgos de la Reforma Electoral, en la cual todos los consejeros del INE participaron. Señalaron que la reforma se ha elaborado desde el poder y busca beneficiar al gobierno actual.
El informe advirtió que la reforma debilita la estructura del INE, lo que pone en riesgo la organización de las elecciones de 2024. También vulnera la autonomía técnica del INE en materia de fiscalización, retrocede en avances del voto electrónico, modifica plazos que afectan la conformación del padrón electoral y los cómputos de las elecciones, y permite la participación de servidores públicos en las campañas electorales.
Los consejeros también anticiparon un aumento en el número de litigios pos-electorales y potenciales nulidades de votación en casilla, lo que pondría en riesgo la estabilidad política y gobernabilidad democrática.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que si la reforma se aprueba en estos términos, “debemos prepararnos para vivir en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre en los resultados de dichos comicios”.
En respuesta, el representante de Morena ante el INE, Mario Llergo, intentó retirar del orden del día la presentación del informe, argumentando que la propuesta sigue en trámite legislativo. Tras no prosperar su petición, afirmó que la reforma exige una democracia más austera, acabar con los altos salarios de consejeros y una autoridad imparcial e independiente.
