Lo calificó como un “bodrio electoral”, que violenta principios básicos constitucionales para que se lleven a cabo elecciones limpias, transparentes y en planos de equidad.
El recurso es en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que forman parte del paquete del llamado “Plan B”.
El presidente nacional del partido, Jesús Zambrano Grijalva, acompañado de la Secretaria General, Adriana Díaz, del coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, de los secretarios nacionales Edgar Pereyra, Estephany Santiago, Karla Jacobo, Claudia Castello, Camerino Márquez y el representante de este instituto político ante el INE, Ángel Ávila Romero, calificó esta reforma como un “bodrio electoral”, que violenta principios básicos constitucionales para que se lleven a cabo elecciones limpias, transparentes y en planos de equidad.
Recordó que “ese bodrio electoral que mandaron como reforma de aquí, del vecino de Palacio Nacional a San Lázaro a la Cámara de Diputados y que fue aprobado ya cuando la pretensión de sacar adelante reformas constitucionales que convalidaran la pretensión de acabar con las autoridades electorales independientes y arrasar con la pluralidad política en el país, y hacer y deshacer a su antojo, en materia de carácter electoral, no pudieron sacarlo porque gracias a que la oposición, representada por los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PRI y adicionalmente MC, no permitieron con sus votos que se aprobara”.
Añadió que después de eso, “siguieron con lo que el propio López Obrador le llamó Plan B, que era sacar mediante reformas legales que violan los principios básicos constitucionales para elecciones limpias transparentes, en planos de equidad y que aseguran la existencia de una autoridad autónoma e independiente para organizar las elecciones, pues se fueron de todas maneras a sacar adelante esas reformas legales con esos mismos contenidos que no pudieron sacar con las constitucionales, pero que por mayoría simple sí lo podían lograr”.
En ese sentido, dijo, que se violentan claramente los artículos 134 y otros 8 artículos constitucionales.
Zambrano Grijalva añadió que “esta reforma del 2007 por las que pugnó el PRD para respaldar que no se repitiera este tipo de hechos irregulares, son las que ahora, desde Palacio Nacional el impulsor de aquellos movimientos poselectorales del 2006 y de las protestas que le siguieron y que avaló las reformas del 2007, ahora las impulsó para echarlas abajo, para hacer y deshacer, para que los funcionarios públicos puedan hacer lo que les dé la gana, usando recursos de carácter público para tener unas campañas sin ningún sentido de equidad, sin ningún sentido de transparencia y sin que se cuestione el uso de recursos públicos de manera ilegal, con actos anticipados de campaña”, sostuvo.
Indicó que se está solicitando a la SCJN “que se declare inválidas estas reformas, que las eche para atrás, que las declare inconstitucionales y, por lo tanto, no aplicables y no válidas como reglas para los procesos electorales venideros en el 2023 y 2024 y, desde luego esperamos entonces un análisis riguroso y a fondo de todo ello por el más alto tribunal de nuestro país que es el facultado para tomar estas decisiones”.
Enfatizó que la acción de inconstitucional se debe resolver en 90 días antes de que arranque el proceso electoral de 2024.
Finalmente, adelantó que en los próximos días la Cámara de Diputados también presentará su recurso correspondiente a este órgano legislativo. “Estamos señalando violaciones claras al proceso legislativo. En diciembre pasado cuando llegó la Iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados, en menos de 24 horas, sin análisis previo, sin dictamen previo de las comisiones correspondientes, se le dio de trámite fast track y estaban ya votando sin discutir todo este “bodrio” legislativo. También eso es violatorio de normas legales y constitucionales y lo estamos impugnando”, concluyó.
