El gobierno brasileño despidió a 13 militares que formaban parte de un gabinete de seguridad presidencial, profundizando la reforma ordenada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el Ejecutivo tras la violencia desatada por simpatizantes del exgobernador derechista Jair Bolsonaro, el 8 de enero en Brasilia.
El anuncio fue publicado en el Diario Oficial de la Unión este miércoles, un día después de que otros 40 militares también fueran apartados de sus funciones en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada, en la capital. Los soldados separados el miércoles formaban parte del gabinete de seguridad institucional, encargado de asistir al presidente en el trabajo de política de defensa y seguridad nacional.
Los cambios se dan una semana después de que el presidente izquierdista, de 77 años, expresara su desconfianza hacia algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en oficinas gubernamentales. Lula compartió sus reservas sobre algunos de ellos tras la invasión de la sede de los tres poderes públicos en Brasilia por miles de simpatizantes de Bolsonaro, a los que derrotó en la segunda vuelta electoral a finales de octubre pasado.
El dignatario dijo entonces que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero, que ocurrió exactamente el día en que estaba a una semana de su regreso al poder por tercera vez en su carrera. La reforma en el entorno más cercano de Lula llega en un momento en que avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión de los edificios de la Presidencia (Palacio de Planalto), el Congreso y la Corte Suprema. Desde entonces han sido detenidas más de 2.000 personas, de las cuales 1.382 siguen en manos de las autoridades. La oficina del fiscal general presentó sus primeros cargos contra 39 personas sospechosas de participar en los desmanes el lunes en el Supremo Tribunal Federal.
Avanza investigación sobre toma de poder en Brasil
Augusto Aras, titular del despacho, prometió en entrevista con la televisión local que presentará otros 200 nuevos cargos en las próximas dos semanas. Este miércoles, el exministro de Justicia de Bolsonaro y también secretario de Seguridad del Distrito Federal en el momento del golpe, Anderson Torres, guardó silencio mientras asistía a su primera audiencia ante la Policía Federal desde que se entregó a las autoridades el sábado, informó el portal de noticias G1. .
Torres, separado de su cargo en la capital tras los atentados, está detenido acusado de complicidad en la violencia, acusación que él niega. El 8 de enero, miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el corazón del poder público brasileño en un intento de profundizar la caída de Lula.
Respaldado al unísono por la comunidad internacional, el presidente denunció el pasado jueves la “connivencia” de sectores de las Fuerzas Armadas con los bolsonaristas radicales y afirmó además que “alguien facilitó” su entrada en el Palacio Planalto. Desde entonces, el líder izquierdista, que ha protagonizado una espectacular reaparición política tras años ensombrecidos por un gigantesco escándalo de corrupción que también le ha llevado a la cárcel, ha lanzado una revisión de la plantilla del Ejecutivo. Para los cargos de ahora en adelante favorecerá a los “funcionarios de carrera, preferiblemente civiles”.
“No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical”, comentó. “¿Cómo puedo tener una persona afuera de mi oficina que pueda dispararme?”, subrayó.
