El reto más importante que tiene la ministra Yasmín Esquivel Mossa para resolver satisfactoriamente el tema del plagio de su tesis de licenciatura, -no sólo está en ganar el juicio presentado ante las instituciones judiciales y además ser exonerada por la UNAM-, sino, también, convencer a toda la ciudadanía de que la razón y la justicia, -a secas-, están de su lado.
Una exigencia fundamental para quienes forman parte de la SCJN debe ser proyectar esa autoridad moral que se deriva de una trayectoria pública éticamente incuestionable, -en los hechos-, pero también en las percepciones públicas.
Si la ministra ganase el juicio contra su plagiario, -y las autoridades de la UNAM le otorgasen la razón desde el punto de vista académico-, pero en contraste no lograse vencer las suspicacias públicas de que para lograrlo ella se aprovechó de su posición relevante en la SCJN, entonces provocará una crisis de credibilidad para todo el sistema judicial del país, -y por supuesto-, para la SCJN, institución emblemática de este poder, uno de los tres Poderes de la Unión.
La credibilidad de las instituciones depende de la credibilidad de quienes las encabezan. Vivimos la era de las percepciones y todo lo que se ha hecho para exonerar a la ministra desde las “mañaneras”, sólo ha acrecentado las suspicacias y la desconfianza respecto a un juicio justo, incluso, aunque el supuesto plagiario al final reconociera su falta.
La pregunta espontánea que surge es: si el ministro cuestionado por un posible plagio de tesis fuese otro de los candidatos a la presidencia de la SCJN y no la ministra Esquivel… ¿el presidente López Obrador le hubiera dedicado tiempo de sus mañaneras para pedir a la UNAM un dictamen “fast track”, en tiempos de asueto? Ella está en todo su derecho de defender la originalidad de su texto, si está convencida de que así es. Sin embargo, hay un detalle… lo está haciendo blindada desde uno de los cargos de mayor poder dentro del sistema judicial del país y arropada por un poderoso amigo de la familia Riobóo Esquivel.
Del otro lado, -como contraparte-, hay ciudadanos que enfrentarán en posición vulnerable a la maquinaria del poder judicial y a la presidencia de la república, -en un contexto de gran expectación pública-, pues los intereses en juego son de altísimo nivel: la presidencia de la SCJN.
Este tipo de plagio, -además de las implicaciones judiciales-, tiene las académicas, que, -en este caso concreto-, son demoledoras.
Recordemos que, en la época de la realización de este texto académico, no existía el Internet y las computadoras eran muy básicas, por lo que todos trabajábamos nuestros textos en máquinas de escribir eléctricas. Ni siquiera existían las memorias USB para compartir nuestros escritos. Por tanto, realizar un plagio era una decisión contundente.
El manejo de las fechas para poder establecer cuál es la obra primigenia y cual la réplica, es complejo y puede requerir una investigación profunda, donde el hilo conductor podría ser la directora de la tesis, la profesora Rodríguez, -quien asesoró no sólo la de la ministra Esquivel-, sino también la de quien en ese entonces era el pasante en derecho Edgar Báez, el otro implicado en este juicio de plagio.
Edgar Báez ya empezó a resentir el desgaste de su reputación a partir de la difusión en redes sociales de información moralmente cuestionable sobre su conducta personal. Hasta parece una campaña planificada para doblegarlo y obligarlo a inculparse.
¿Este será un juicio equitativo? ¿Quién se atreverá a defender a Edgar Báez en este caso específico? Por otra parte, en el comunicado de la ministra ya se habla de discriminación de género en contra de sus aspiraciones a presidir la SCJN. Esta es otra batalla muy diferente, que nada tiene que ver con el tema de la obra plagiada. Denunciar una posible discriminación de género representa la estrategia de la victimización emocional.
En fin, este es un caso complejo y relevante que pondrá a prueba la independencia de nuestras instituciones. Por tanto, no debe resolverse con base a especulaciones públicas, sino con certeza y teniendo como fin fundamental impartir justicia sustentada en la ética.
Los ministros que votarán para elegir presidente de la SCJN deben reflexionar su voto, considerando el impacto de este caso específico en la sociedad.
Está en juego la percepción de independencia de la SCJN, así como la credibilidad de la institución desde los ámbitos ético y moral y la confianza ciudadana en todo el sistema de impartición de justicia.
El impacto público de este caso de plagio rebasa con mucho el ámbito académico e incluso, el judicial, pues la simple exhibición de este caso donde está involucrado un ministro del máximo tribunal constitucional del país, presupone el riesgo de afectación a la endeble confianza que el mexicano hoy dispensa a nuestro estado de derecho.
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