El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó este sábado una resolución de la Asamblea General de la ONU que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “opinión consultiva” sobre la ocupación israelí de territorios palestinos, y aseguró que su país no está obligado a acatarla.
“Al igual que ha pasado con los cientos de resoluciones distorsionadas de la Asamblea General de la ONU contra Israel a lo largo de los años, la vergonzosa resolución de hoy no compromete al Gobierno de Israel”, indicó en un comunicado el mandatario derechista, quien asumió su cargo el jueves.
“El pueblo judío no está ocupando su tierra y no está ocupando su capital eterna, Jerusalén. Ninguna resolución de la ONU puede distorsionar esta verdad histórica”, añadió.
La iniciativa de la ONU, promovida por el gobierno palestino, fue aprobada el viernes por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, y solicita al máximo tribunal de Naciones Unidas que se pronuncie sobre el conflicto de acuerdo con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
También pide que se investiguen las medidas israelíes encaminadas a alterar la composición demográfica y el status de Jerusalén, y exige a Israel no aplicar leyes y medidas “discriminatorias”.
Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Austria, Canadá, Alemania e Italia votaron en contra de la resolución.
Según Netanyahu, se comunicó en los últimos días con líderes mundiales, consiguiendo que 11 países cambiaran el sentido de su voto y rechazaran la resolución.
Reacción Palestina
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina celebró en un comunicado de prensa que “se trata de un logro diplomático y legal palestino e internacional: esta decisión histórica abrirá una nueva era para responsabilizar a Israel de su ocupación”.
“La votación es una prueba de que el mundo entero está del lado del pueblo palestino y de sus derechos históricos inalienables”, aseguraron, y agregaron que “ha llegado el momento de que Israel sea un Estado de derecho y rinda cuentas por sus continuos crímenes”.
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Sobre las votaciones en contra de la petición que hizo Palestina a la ONU, aseguraron que los aliados de Israel “presionan y chantajean a los países para que cambien su voto, y usaron trucos baratos para desalentar a los países de asistir a la Asamblea General y votar el último día hábil del año calendario”.
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, consideró que la resolución de la ONU “presta apoyo a organizaciones terroristas y al movimiento antisemita BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), contraviniendo los principios acordados por la propia ONU”.
“Esta decisión no cambiará la situación sobre el terreno, ni nos impedirá seguir luchando contra el terrorismo, proteger a los ciudadanos de Israel y promover los intereses del Estado de Israel”, añadió.
Ocupación histórica de Israel
Israel se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén este en la Guerra de los Seis Días de 1967, y desde entonces, mantiene una ocupación militar sobre este territorio.
El Estado judío considera que todo Jerusalén es su capital, mientras los palestinos buscan una solución al conflicto de dos Estados, estableciendo su capital en Jerusalén este.
El conflicto alcanzó este año su pico más letal desde 2006 con 199 muertos: 170 palestinos según el ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina, y 29 personas del lado israelí.
Por otro lado, siguen creciendo los asentamientos judíos en Cisjordania, considerados ilegales por el derecho internacional, mientras los colonos acosan, agreden y desplazan a los habitantes palestinos, muchas veces con la connivencia de las fuerzas israelíes.
Los palestinos, que defienden su derecho a la libre determinación, independencia y el retorno de sus refugiados, tienen estatuto de Estado observador, pero no de miembro en la ONU.
Las sentencias de la CIJ son vinculantes e influyen en la opinión pública, pero carece de mecanismos para implementar medidas.
La última vez que el tribunal emitió una opinión consultiva sobre el conflicto palestino-israelí fue en 2004, cuando la Asamblea General le pidió que se pronunciara sobre la legalidad del muro de separación.
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