“Las naciones prosperan o decaen simultáneamente con su prensa.”
Joseph Pulitzer
El colapso mundial de la democracia y de los principios de libertad, igualdad y solidaridad que le dan sustento, así como el ascenso y fortalecimiento de liderazgos autocráticos, han ido de la mano del deterioro de la libertad de prensa.
Hoy en día, resulta brutalmente arriesgado ejercer esta profesión ante gobiernos totalitarios cuyo objetivo es acumular poder y prolongar su estancia en el mismo, para lo cual requieren mantener esquemas de adoctrinamiento permanente, la difusión de información que les sea favorable, mayoritariamente falsa, y el ocultamiento de aquella que cubra sus fracasos, equivocaciones o abusos de poder. Es por ello que, a mayor debilidad democrática e institucional, mayor también es el peligro que enfrenta la prensa libre y crítica.
No sorprenden entonces los resultados alarmantes del Balance 2022 presentado hace unos días por la organización Reporteros sin Frontera, y que colocan a América Latina y el Caribe como la zona más peligrosa para ejercer esa profesión: el 47.4% de los periodistas asesinados en el mundo a consecuencia de su trabajo, investigación, reportajes y opiniones, se ha producido vergonzosamente en nuestra región, siendo México el país mayormente manchado de sangre, siguiéndole Haití y Brasil. Ni siquiera Ucrania, Siria o Yemen, países en guerra, logran las cifras ahí alcanzadas.
Pero los totalitarismos no solo silencian a la prensa que les es incómoda asesinándolos, aunque sin duda, como dijo Irene Khan[1] “es la forma más atroz de censura”, también lo hacen a partir de amenazas, acoso judicial, coerción, persecución fiscal, represión, secuestro y encarcelamiento, por eso tampoco es de extrañar que China, Birmania, Irán, Rusia, Vietnam o Bielorusia ocupen los primeros lugares del mundo, así como lo hacen Nicaragua, Cuba, Venezuela, Guatemala y El Salvador en Latinoamérica, en el rubro de persecución y ataques cometidos contra periodistas que, generalmente, culminan en encarcelamientos arbitrarios y sin juicios, y en la aprobación de leyes, normas y decretos que criminalizan su labor, situación que los obliga a autoexiliarse como mecanismo de protección.
Otra estrategia comúnmente utilizada por este tipo de liderazgos autoritarios es la de minar la confianza pública de los periodistas con información falsa y discursos de odio que, en el mejor de los casos, solo les resta credibilidad, pero que abren la puerta para exponerlos a ser blancos de ataques físicos bajo altos mantos de impunidad solapados por el propio Estado. Ejemplo de ello lo tenemos con Donald Trump en Estados Unidos y con Andrés Manuel López Obrador en México. Sobre este último, resulta inaceptable que el intento de asesinato hace unos días contra el periodista nacional Ciro Gómez Leyva haya sido calificado como “autoatentado” para afectar a su gobierno. Situación que se complica ante la convivencia o complicidad con el crimen organizado, que vuelve aún más peligroso el ejercicio periodístico.
De nada han servido los llamados y preocupación expresada por buena parte de la comunidad internacional apelando al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, establece que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión” cuando en la mayor parte del planeta el ejercicio de este derecho ha presentado un declive importante y no existe derecho internacional que dote de verdaderos dientes a los organismos multilaterales para frenar el ataque a la prensa y sancione ejemplarmente a los Estados involucrados y sus gobiernos.
La democracia al igual que la libertad de prensa se encuentran bajo una fuerte presión en todo el mundo, su deterioro impacta directamente en el acceso a los derechos humanos y al resto de las libertades, y muy claramente en el mantenimiento de la paz y la seguridad pública.
No existe democracia sin libertad de prensa y no existen derechos humanos, libertades y paz sin democracia. Por ello se vuelve prioritario detener el desmantelamiento de la libertad de prensa, de las instituciones autónomas, de la República y su división de poderes, de la academia, de la sociedad civil organizada y de los órganos de conducción electoral que garantizan procesos libres, transparentes y creíbles. La democracia está bajo asedio y la libertad de prensa es uno de los flancos de ataque.
