La vulnerabilidad de la prensa nace de las mismas descalificaciones presidenciales en las multicitadas “mañaneras”. Al señalar a los periodistas como un gremio de deshonestos y corruptos y un problema para su gobierno, pone a los comunicadores en la plaza pública para que algún fundamentalista desequilibrado se sienta autorizado para agredirlos.
Sin embargo, si además, con nombre y apellido los califica como un estorbo, nunca faltará el supuesto “héroe de la transformación” que se decida a silenciarlos.
No es necesario dar una autorización tácita para la agresión, pues los peores casos se dan cuando alguien cree interpretar los deseos profundos del líder al cual admira y por ello actúa en consecuencia.
Si el presidente realmente está preocupado por la seguridad de la prensa y se ve a sí mismo como respetuoso de la libertad de expresión, entonces debe dejar de dar nombres de periodistas en las mañaneras o en cualquier discurso. Al señalarlos, los exhibe y los muestra como sus enemigos personales y ante la percepción subjetiva pública, induce la interpretación de que son traidores a la patria. De ahí a que surja alguien que se quiera sentir héroe y los agreda, no hay más que un paso.
La agresión a Ciro Gómez Leyva es la primera llamada de este fenómeno de violencia contra la prensa de impacto nacional, criticada desde las mañaneras.
Los asesinatos de periodistas en provincia pueden acreditarse al fenómeno imperante y creciente de contubernio entre autoridades locales, -que se sienten amenazadas por la prensa que obstaculiza sus intereses particulares-, y el crimen organizado. Entonces estos funcionarios se apoyan en los criminales locales para ejecutar su venganza.
En estos casos, -de agresiones a periodistas-, la responsabilidad del gobierno federal radica en no proteger eficientemente a los comunicadores amenazados y además, por no realizar las investigaciones correspondientes para dar con los culpables y así evitar la impunidad.
A final de cuentas la inacción es una respuesta, pues pone sobre la prensa una presión que estimula el temor, seguramente para generar autocensura por parte de los comunicadores.
Sin embargo, la responsabilidad sobre la seguridad de los periodistas señalados directamente por el presidente López Obrador recae total y absolutamente sobre el gobierno federal.
Si el impacto internacional del asesinato de periodistas en México hasta hoy ha sido grupal, -y como parte de un contexto de violencia-, cuando un periodista señalado con nombre y apellido sea agredido, el escándalo recaerá de forma demoledora sobre quien lo puso en peligro y no habrá disculpas que valgan, -ni palabritas cariñosas y solidarias-, que evadan la responsabilidad.
Primera llamada… primera llamada… primera llamada.
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