El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseveró que el voto particular que emitió sobre la reforma electoral no se trata de un asunto político oportunista o coyuntural, sino de una postura para defender la Constitución, el Estado de derecho y la democracia.
Asimismo, compartió un video en redes sociales en el que invita a leer las razones que justifican su voto respecto a este proyecto, que se pueden consultar en el siguiente enlace: https://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/65/2/2022-12-14-1/assets/documentos/Voto_Particular_Sen_Ricardo_Monreal_LGIPE.pdf
En tal documento, Monreal, afirma que se vulnera la Constitución con el dictamen que reforma las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y que expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Como legislador, acotó, protestó para cumplir y hacer cumplir la Carta Magna, por lo que el veredicto sobre esta postura lo tiene el pueblo.
Monreal pidió que no se forzara el trabajo legislativo sobre la reforma electoral, a fin de evitar su impugnación jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El órgano máximo de revisión y actualización constitucional -enfatizó-, debe ser el Poder Legislativo.
Además, señaló 21 aspectos de inconstitucionalidad del proyecto de decreto, inconsistencias, contradicciones y problemas de técnica legislativa sustantivas que presenta dicho dictamen “que lo hacen inviable en sus términos”.
“De ninguna manera me rebelo a los principios y objetivos de la Cuarta Transformación. Por el contrario, los defiendo sin vacilación, pero también defiendo la altísima responsabilidad que asumimos al protestar guardar y hacer guardar la Constitución”, expresó el senador en dicho documento.
Entre los aspectos de inconstitucionalidad, el legislador afirmó que se violan los principios de equidad den la contienda; la geografía electoral; de certeza y seguridad jurídicas y disposición del personal calificado necesario; y del derecho al voto a las personas ciudadanas que estén sujetas a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal.
También señaló que la propuesta de crear un Sistema Nacional de Elecciones es, a todas luces, inconstitucional, así como otros cambios en la estructura administrativa y jurisdiccional electoral.
Monreal Ávila apuntó que se modifica arbitrariamente la fecha de inicio del proceso electoral y las etapas del mismo, sin sustento constitucional; lo mismo que establecer la licencia obligatoria a las y los legisladores que pretendan su reelección inmediata.
Señaló que el proyecto de decreto pierde de vista a todas las personas que se quedarían sin empleo por el adelgazamiento del INE, lo cual implicaría violación a los derechos fundamentales en materia laboral, así como una serie de litigios laborales y administrativos.
Sobre la inconstitucionalidad del proceso, explicó que, de origen, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó discutir, con carácter de urgente y obvia resolución, dos iniciativas presentadas por el Grupo parlamentario de Morena que eran copia fiel de las enviadas por el Ejecutivo.
Sin embargo, puntualizó, lo que en realidad se puso a discusión fueron dos iniciativas con cambios significativos respecto del proyecto del Ejecutivo, sin que tales cambios fueran explicados durante su entrega a la Mesa Directiva ni durante su presentación ante el Pleno.
En ese sentido, dijo que es evidente que la dispensa de todo trámite, así como la materia de votación fueron las iniciativas originalmente publicadas en la Gaceta Parlamentaria, es decir, las que son copia fiel de las presentadas por el Ejecutivo, y no las entregadas por la diputada Graciela Sánchez Ortiz, quien sólo señaló que había “algunos ajustes y adecuaciones en las mismas”, sin precisar a qué se refería.
Sin explicación alguna al Pleno por parte de la Mesa Directiva horas más tarde, y sin precisarse la hora exacta, la Gaceta original fue sustituida por otra con el mismo número, pero en el proyecto de decreto ya contenían los cambios sustanciales a los que se ha hecho referencia.
Todos los hechos antes narrados apuntan a que los cambios introducidos en la segunda versión de la iniciativa, suscrita por Morena, sobre las leyes no fueron conocidos ni aprobados por el Pleno.
Es así que, el decreto en cuestión podría ser susceptible de ser invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues existieron violaciones al procedimiento legislativo, que vulneraron el derecho de las minorías parlamentarias a participar en el proceso legislativo conforme al principio democrático.
