El Gobierno peruano anunció este jueves que llamará a consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que considera “una injerencia en sus asuntos internos” de los presidentes de esos países, al cuestionar la destitución del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte.
“Respecto de otros (países) que han expresado opiniones discordantes con lo que pasó constitucionalmente en el Perú, hemos decidido traer en consulta a los embajadores en esos países como expresión de la molestia por esa actitud que no se condice con el respeto mutuo”, dijo la canciller Ana Cecilia Gervasi, en consonancia con una declaración publicada minutos antes en el diario oficial El Peruano.
La queja de las autoridades peruanas se remonta al lunes, cuando los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
En un comunicado conjunto publicado por la Cancillería colombiana, los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”, dijeron en el comunicado publicado después de que muchos de ellos ya hubieran expresado su preocupación por la crisis desencadenada en Perú desde que Castillo decidiera disolver el Congreso, en lo que muchos vieron como un golpe de Estado.
Los países pidieron a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.
Horas después de conocerse la carta de los gobiernos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú publicó un comunicado en respuesta a un pronunciamiento emitido “por un grupo de países”, a los que no mencionó , sobre la crisis política y social que afecta a la nación andina.
En su respuesta, la cancillería peruana pidió a los países cumplir las obligaciones internacionales establecidas en el Sistema Interamericano y respetar las decisiones internas que está tomando “para resguardar la institucionalidad democrática”.
“El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, respondió Exteriores.
Agregó que “las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre, su decisión de disolver el Congreso de la República e intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia, entre otras medidas, constituyen un golpe de Estado”.
La Cancillería sostuvo que esto generó la decisión del Congreso de destituirlo y que “de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.
Destacó, además, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, el 8 de diciembre pasado, “la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho”.
