Diputados y senadores terminan su periodo de sesiones y se van de vacaciones el 15 de diciembre, dejando nuevamente mucho de su trabajo inconcluso, violando incluso la propia Constitución. Un ejemplo claro es que el tan necesario y esperado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que debería existir desde hace prácticamente cinco años, no ha sido legislado.
¿Por qué es tan necesario? Empezando numéricamente, porque de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022, del INEGI, se trata de los asuntos que más se atienden en los órganos jurisdiccionales.
De todos los ingresados en 2021, 44.6 por ciento correspondió a la materia familiar y 25.3 por ciento a la materia civil, bastante más que el 10.4 por ciento que correspondió a causas penales, aunque sean las más escandalosas.
Aun cuando los procedimientos civiles y familiares son los más comunes, los congresos locales no pueden modernizar los códigos estatales hasta que el Congreso de la Unión emita el Código Nacional, lo que está deteniendo la implementación de medios digitales y soluciones tecnológicas indispensables para hacer más moderna y expedita la justicia. Así que muchos ciudadanos continúan pasando años y años atrapados en juicios sobre divorcios, testamentos, propiedades, actas de nacimiento e identidad, entre otros, tan largos, tediosos y caros, que terminan siendo injustos.
Un código nacional también es necesario para homologar criterios de impartición de justicia, dar forma legal a la eliminación de prácticas discriminatorias y abusivas, además de poner en claro la perspectiva de género y los derechos humanos. Tenemos que avanzar hacia mejores herramientas jurídicas de equidad e igualdad. Hace 55 años había leyes que no permitían a las mujeres ser las administradoras de la sociedad conyugal, lo que las condenaba a la victimización por violencia económica.
El esposo era quien decidía el domicilio familiar y otros asuntos a su entero arbitrio, lo que también dejaba la puerta abierta al maltrato y la violencia familiar. Si bien eso ya no es así, esa cultura no ha terminado de erradicarse. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares más reciente, dice que el 39.9 por ciento de las mujeres mayores de 15 años han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial por parte de su pareja y 11.4 por ciento en el ámbito familiar.
Al momento en que esos asuntos llegan a un juzgado civil, la ley debe tener las herramientas jurídicas necesarias para atenderlo correctamente. El 15 de septiembre de 2017, hace cinco años, el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma a la fracción XXX del Artículo 17 constitucional que facultó al Congreso para expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que unifique la legislación en esa materia para todo el país.
El artículo cuarto transitorio de esa reforma disponía que esa legislación debía estar lista a más tardar 180 días después, es decir, el 15 de marzo de 2018. Prácticamente cuatro años y nueves meses después de vencido ese plazo, no hay siquiera una fecha probable para que ese código vea la luz. Incluso, en el camino, la Suprema Corte de Justicia emitió el 13 de mayo de 2021 un fallo contra esa omisión del Congreso, que por supuesto no ha sido acatado.
Este año, en el Congreso se realizaron tres foros “Hacia la construcción de un nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”. Las conclusiones están ahí, pero no en forma de acuerdos o una iniciativa que pueda convertirse en un dictamen y luego en ley. Y los legisladores ya se van de vacaciones.
POR ADRIANA DELGADO
COLABORADORA
[email protected] / @ADRIDELGADORUIZ
