En días recientes, en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, de mayoría morenista y aliados, se propuso una reducción de 6437 millones de pesos para organismos autónomos para el próximo ejercicio fiscal. De acuerdo con el proyecto de dictamen de presupuesto de la federación, el INE tendría un recorte de 4475 millones, un 18% menos de lo presupuestado por la SHCP.
De igual forma, los recortes se presentan en el Poder Judicial de la Federación en su conjunto, con 1425 millones. Asimismo, se contemplan reducciones en el Congreso de la Unión, a la ASF, a la COFECE, IFETEL e INAI. Los únicos órganos autónomos que no percibirían recortes son la FGR y la CNDH.
En términos generales, cabe destacar que no se trata de un presupuesto austero, sino del más elevado de la historia que se financia con deuda pública, para este 2023 se contempla el techo por endeudamiento más alto de la última década. No sólo no se percibe una “austeridad republicana” sino que no se está contemplando la optimización de los recursos y éstos son destinados a programas e instituciones que no han demostrado finanzas sanas. Lo indicado por la Auditoría Superior de la Federación no sólo no es reconocido ni aplicado, sino que a esa propia institución se le pretenden restringir más recursos.
Se trata más bien de una decisión política, dado el escenario que se ha venido construyendo durante este sexenio en donde todo organismo civil o público que interfiera con los proyectos e instrucciones del presidente es menospreciado e incluso atacado. Si bien es cierto que se contemplan recortes en el poder legislativo, tras el reclamo social histórico, la actual administración federal tiene otras prioridades a las que no sólo no les disminuye sino que incrementa ese techo de gastos.
Dentro de este discurso de honestidad, austeridad y de vivir en la “justa medianía”, mucho se ha criticado el expendio en fideicomisos, sin embargo, lo que se observa es que en este proyecto de egresos de la federación, se entrega una bolsa de más de 152 mil millones de pesos a 17 fideicomisos, de los cuales más del 90% se otorga al de fomento al turismo, básicamente para la construcción del Tren Maya. Lo anterior, sin considerar los destinados al ejército y marina, que son por sí solos un tema aparte dado la dificultad que resulta auditar sus gastos.
Considerando lo anterior, estoy de acuerdo en que se observen y fiscalicen los recursos públicos en general, no sólo los destinados a órganos descentralizados o fideicomisos. Lo que vemos son dispendios en proyectos específicos y la erosión de aquellos de orden civil que vigilan las labores del Estado. Un esquema poco democrático que exhibe las susceptibilidades de un gobierno cerrado a los consensos.
Azul Etcheverry Aranda
