La polémica desatada por el acuerdo entre Airbnb y el gobierno de la Ciudad de México pone en la discusión el tema de la reglamentación de alojamientos temporales, la expulsión de las personas de la metrópoli y las malas prácticas inmobiliarias
Tras la pandemia del Covid-19, la Ciudad de México (CDMX) se convirtió en uno de los destinos predilectos para los extranjeros que deciden realizar sus actividades laborales a distancia, mientras viven nuevas experiencias en lugares flexibles y más accesibles que en sus países de origen.
Con el fin de aprovechar esta tendencia, el gobierno capitalino firmó un convenio de colaboración con Airbnb, firma de alojamientos temporales, para atraer a los nómadas digitales a la CDMX y generar una derrama de hasta 1,400 millones de dólares anuales, pero la idea despertó preocupaciones sobre el impacto que este acuerdo puede generar, especialmente, en materia de vivienda y acceso a la ciudad para las personas de menores ingresos.
Maria Silvia Emanuelli, coordinadora de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), explicó que el alquiler de departamentos completos a través de esta plataforma digital puede encarecer los precios de renta hasta 7% en determinadas zonas.
“Otras ciudades han sufrido la embestida de Airbnb y han intentado reglamentar cuando ven que la situación se sale de control, ya que se han dado cuenta de que los precios de la renta pueden llegar a incrementarse hasta 7%”, explicó Emanuelli.
Precios que se vuelven inalcanzables
Se estima que en México, alrededor de 5.8 millones de viviendas son rentadas, de las cuales en muchos casos (51%), se alquilan por personas que no tienen acceso al crédito o no cuentan con recursos suficientes para hacerse de una propiedad.
En la Ciudad de México, muchas viviendas completas y departamentos comienzan a adecuarse para poder ofrecer servicios de alojamiento a extranjeros, por medio de Airbnb, lo cual tiene un impacto directo en los valores de los alquileres de las zonas que son más concurridas por los foráneos.
Un estudio reciente de Benvi y Quinto Andar, ubica a la CDMX como de las urbes más caras de América Latina en temas de alquileres, de 50,000 a 90,000 pesos mensuales, en las zonas más caras.
“Los indicadores de accesibilidad revelan una disonancia entre el mercado inmobiliario formal y la realidad de las familias mexicanas que tienen ingresos promedio (17,933 pesos al mes según la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2020)”, comentó Vinicius Oike Reginatto, encargado de la investigación y especialista en economía y data en Quinto Andar.
En la Ciudad de México, existe un parque habitacional de poco más de 3 millones de viviendas y se estima que la oferta de Airbnb en la capital es de 22,948 alojamientos, de las cuales 61% corresponde a casas y departamentos enteros, 36.2% a cuartos privados, 1.5% a habitaciones compartidas y 0.7% a habitaciones de hotel.
De acuerdo con la plataforma Inside Airbnb, la mayor oferta de la firma extranjera se concentra en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Benito Juárez, donde los precios promedio de renta mensuales son los siguientes:
Si bien estos valores son a nivel delegacional, en colonias concurridas por los extranjeros, como la Roma Norte o la Condesa, los precios promedio de alquiler de departamentos van desde los 21,150 pesos a los 27,053 pesos mensuales, mientras que en las rentas de casas los valores promedios van de los 49,187 pesos a los 53,738 pesos al mes.
Con casas y departamentos cada vez menos accesibles, la población de la gran urbe se ve obligada a migrar hacia otras zonas. Se estima que cada año, son expulsadas de la ciudad alrededor de 20,000 personas que no pueden comprar o rentar, por lo que optan por instalarse en zonas periféricas, mientras otras 7,000 se van a vivir a asentamientos precarios y de alto riesgo.
El riesgo de los desalojos
Pero el “boom” de los departamentos para renta de corta estancia no sólo ha impactado en el costo del alquiler o compra de vivienda, también se vincula a otra problemática que encendió las alarmas de 53 organizaciones y 835 personas que se pronunciaron en contra del convenio, es decir, los desalojos.
Tras una consulta con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Red Desalojos y la HIC-AL hallaron que se llevan a cabo alrededor de 3,000 desalojos de vivienda al año en la CDMX: “Hemos dado seguimiento a las causas y entre ellas está la gentrificación y turistificación, por lo que podrían incrementar a partir del acuerdo con Airbnb”, aseguró Emanuelli.
Judith Reséndiz, representante de la Red de Desalojos, compartió que, hasta el momento, se tiene conocimiento de al menos ocho edificios habitacionales que atraviesan procesos de despojo para cederlos a la plataforma, los cuales se encuentran en las calles del Centro Histórico: Justo Sierra, San Ildefonso, Bolívar, Isabel la Católica, Luis Moya, López y Revillagigedo.
“Esto es parte de la desmedida gentrificación que se está dando en la capital, en la que firmas inmobiliarias acaparan los edificios en las mejores zonas para ofrecerlas al turismo, sin tomar en cuenta las necesidades de vivienda que tiene la población de origen”, añadió Reséndiz.
Datos de Inside Airbnb demuestran que existen anfitriones que concentran hasta 200 unidades ofertadas: “Es decir, quien renta un pequeño cuarto en su vivienda no es el verdadero negocio, sino aquellos que incluso participan en el mercado bursátil con fondos inmobiliarios”, argumentó la coordinadora de HIC-AL.
Ambas representantes de las organizaciones coincidieron en que el turismo y los nómadas digitales son un mercado que puede reactivar y beneficiar la economía de la Ciudad de México, al tiempo que los pequeños propietarios de inmuebles pueden hacerse de un ingreso extra por medio de las rentas a corto plazo.
Sin embargo, apuntaron, el principal problema del acuerdo con Airbnb es que no existe una reglamentación previa que mida el impacto y regule a la transnacional, como lo han intentado ciudades como París, Roma, Miami o Nueva York.
Es por ello que proponen una serie de medidas, entre ellas: transparentar los datos; obligar a los propietarios a registrar su inmueble y pagar impuestos; limitar el número de unidades ofertadas por zona; regular el alquiler de viviendas completas, así como, reducir los tiempos máximos de estancia.
Hasta el momento, las organizaciones que firmaron un pronunciamiento en contra del acuerdo no han obtenido respuesta por parte del gobierno capitalino; sin embargo, planean insistir para conocer las razones por las cuales “pasaron de proteger los centros históricos patrimonios de la humanidad a favorecer la apropiación por parte de una firma transnacional”, declaró Emanuelli.
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