La Guardia Nacional continúa el proceso para completar su plena afiliación a la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Un comunicado interno da a conocer que, por orden del DN-1 (el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval), se reanudan los trámites de incorporación.
A pesar de la protección otorgada por un juez federal que interrumpió la adscripción operativa y administrativa de la GN al Ejército.
Si bien desde el pasado 19 de octubre hubo una orden expresada al interior de la GN y la Sedena para detener todos los trámites, estos continúan su curso nuevamente, tras una contraorden emitida el 24 de octubre.
Pese al amparo definitivo otorgado hace unos días por la jueza federal Karla María Macías, titular del Juzgado Noveno de Distrito de Guanajuato, para detener la incorporación y control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, la corporación que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio ordenó la cancelación de la suspensión del procedimiento.
Un C.E.I. (Comunicación electrónica de imágenes) del 24 de octubre y con carácter de “Urgente”, revela que el alto mando de la Defensa Nacional ha cambiado de opinión y ha dado contraorden para revocar su decisión de suspender temporalmente el proceso de atribución.
La decisión del tribunal se basó en que el demandante de amaro no mostró interés ni personalidad jurídica para justificar la aplicación del acto solicitado.
La disputa judicial tomó otro giro el 24 de octubre, cuando la jueza novena de distrito de Guanajuato, Karla María Macías Lovera, concedió una suspensión definitiva para impedir el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena.
La contraorden es clara: “…obviamente debiendo retomar los actos relativos, para que esta dependencia del Ejecutivo Federal se haga cargo del control operativo y administrativo del referido Cuerpo de Seguridad Pública…”
En esta dinámica y luego de haber conocido la protección definitiva otorgada, otras 24 organizaciones civiles han impulsado instrumentos similares para frenar la llegada de la Guardia Nacional a la Sedena y su control operativo y administrativo.
Entre las organizaciones patrocinadoras se encuentran México Unidos Contra la Delincuencia (MUCD), Intersecta y Data Cívica, para las cuales la plena incorporación de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional es un atentado a la democracia y los derechos civiles en el país.