Las propuestas de reformas político-electorales y de seguridad pública, elaboradas y promovidas desde la Presidencia de México, junto con la presencia creciente de las fuerzas armadas en múltiples áreas de administración y seguridad civil, así como la prolongación de sus funciones como policía hasta el año de 2028, agregan otro elemento de preocupación institucional y retroceso democrático al dotar de mayor poder centralizado discrecional al gobierno federal, con el único fin de asegurar su continuidad, eliminando cualquier competencia política equilibrada.
Las fuerzas armadas de México, hoy por hoy, no están sujetas a ningún tipo de control social o jurisdiccional por parte de las instituciones civiles, lo que constituye un gravísimo déficit en el desarrollo de las instituciones democráticas. Tales vacíos de control civil sobre las instituciones militares representan una fuente potencial de mayor corrupción e infiltración de la delincuencia organizada en las estructuras del Ejército. Esta situación se agrava ante el hecho de que el presidente de la República le ha asignado de facto a las fuerzas armadas vastas sumas del presupuesto público al manejo de empresas y proyectos de infraestructura de naturaleza civil. Dichos abusos de discrecionalidad suponen potenciales violaciones al espíritu y a la letra de la Constitución de México.
Con ello, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha logrado imponer como herencia al siguiente una presencia y un despliegue de acciones militares sumamente riesgosas para la paz social y la convivencia democrática.
Es importante recalcar que las políticas asistenciales de reparto directo de dinero a diversos grupos sociales, los intentos de lucha contra la corrupción, la austeridad y la medianía en el gobierno, la extinción de los privilegios de los altos funcionarios, las grandes obras de infraestructura o inclusive las adecuaciones nacionalistas de las reformas energéticas anteriores, no han requerido la modificación del marco constitucional existente o de alguno de los tratados internacionales que México ha suscrito, en particular el de libre comercio con Norteamérica. Todas estas mediadas se han podido aplicar, y se pueden seguir aplicando, sin necesidad de medidas de naturaleza autoritaria y, menos aún, restauradoras del antiguo régimen ya superado por los avances democráticos en ese país durante los últimos cuarenta y cinco años. No es casual que México haya descendido en los índices de desarrollo democrático en el mundo.
Resultan especialmente peligrosas las propuestas de reforma electoral que eliminan la experiencia acumulada por el Instituto Nacional Electoral (INE), ajustada a las mejores prácticas internacionales y que le ha permitido alcanzar la confianza de la mayoría de los mexicanos, y el prestigio en el mundo como un buen árbitro de las contiendas electorales.
Desmontar al INE abre nuevamente las puertas a la desconfianza generalizada, al establecimiento de gobiernos deslegitimados y débiles, con todos los riesgos de inestabilidad que ello implica, incluyendo la posibilidad de golpes de Estado y de su transformación en un instrumento más a ser cooptado por el crimen organizado.
La historia, pasada y reciente, ha demostrado en numerosos casos que una elección no legitimada, no confiable y no creíble debilita a los gobiernos y, en muchos casos, puede derivar en golpes de Estado. Ejemplos recientes de ello los encontramos en Guinea, Haití y Bolivia.
Save Democracy, se une a la preocupación manifestada por múltiples organizaciones políticas y civiles mexicanas e internacionales, quienes han señalado los enormes riesgos que conllevan las propuestas de reforma electoral hechas por el Ejecutivo mexicano, dado que anulan las garantías de independencia e imparcialidad de las campañas y las elecciones, además que la desaparición de las representaciones plurinominales y la nueva organización de los distritos electorales, entre otras, solo van encaminadas a un mayor control del gobierno central y, en esa misma medida, al aumento del riesgo de su deslegitimación.
En este sentido, Save Democracy se suma al llamado a que las reformas electorales y en materia de seguridad se lleven a cabo por medio un debate parlamentario público, profundo y exhaustivo y la generación de los más amplios consensos.
Hoy más que nunca el Congreso y los partidos políticos mexicanos deben de ser prudentes y cuidadosos con las reformas planteadas desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los riesgos de sumar a los graves problemas sociales y de violencia de México, los derivados de elecciones sin la imparcialidad y legitimidad suficientes y cada vez más vulnerables a la influencia perversa de las organizaciones criminales, serían de pronóstico más que reservado, y abrirían una ruta, no sólo de restauración autoritaria, sino de regresión caótica.
México tiene las condiciones para fortalecer su democracia y, en el libre juego de la competencia electoral con un árbitro prestigiado, encontrar las mejores vías y formas para enriquecer las propuestas que ayuden a la solución de sus problemas e impulsen su desarrollo.
