Por José Emilio Cal y Mayor
México vive un accidente histórico, una coyuntura desafortunada que ha llevado a la nación a lo que serán seis años de profundo retroceso. Un lapsus de lo que parecía ser un inexorable avance democrático e institucional.
Uno de los más claros y dramáticos ejemplos de este retroceso son las Políticas Públicas del gobierno federal.
Las políticas públicas son una acción gubernamental de interés público para resolver una carencia en particular. Es decir, ante una problemática social, se formula, implementa y evalúa una política pública.
Instituidas profesionalmente, las políticas públicas tienen ciertas características como consideraciones distributivas, la elección de valor, causalidad y la normatividad.
Todos los elementos constitutivos de las políticas públicas son sustanciales. Sin embargo, es la normatividad lo que garantiza la evaluación y rendición de cuentas, su rigor técnico, su transparencia…
Gracias a décadas de desarrollo institucional y a la progresiva profesionalización de la Administración Pública Federal, hoy en México esta normatividad existe. Las políticas públicas cuentan con evaluaciones obligatorias que incluyen indicadores de diseño, cumplimiento y desempeño.
Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de dichas evaluaciones son publicados en el Programa Anual de Evaluación (PAE), donde entes evaluadores como los Órganos Internos de Control (OIC) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emiten recomendaciones a través del mecanismo de Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).
Dichas recomendaciones tienen la “obligatoriedad” de ser cumplidas y aplicadas…
Toda esta tecnicidad y todo este entramado Institucional a razón de eficientar, profesionalizar y resolver problemáticas de la ciudadanía.
Sin embargo, en este sexenio todo ha quedado en letra muerta. Las políticas públicas en México viven un retroceso histórico que recuerdan a los regímenes antidemocráticos más atrasados del mundo.
Por un lado, se han politizado, se encuentran secuestradas por el gobierno federal vía una estructura monopólica, piramidal, centralista y opaca denominada: “servidores de la nación”, teniendo como cabeza a los “superdelegados” y únicamente rindiéndole cuentas a la Oficina de la Presidencia de la República (OPR).
El largo e histórico proceso de descentralización, los esfuerzos por involucrar a los gobiernos estatales, municipales y a las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, implementación y evaluación de las políticas pública llegó a su fin. Las políticas públicas son ahora una concentración inverosímil de poder político.
Algo impensable hace unos años, y lamentable para una democracia liberal como la mexicana.
Por otro lado, igual de grave, la tecnicidad de las políticas públicas se ha desmoronado frente a nuestros ojos.
Los estudios técnicos de integralidad, definición del problema, factibilidad, matriz de problemas, árbol de soluciones, etc. Han quedado en el pasado, las políticas públicas antes altamente focalizadas en problemáticas a resolver han degenerado en “programas” universales; “becas”, “pensiones” y “apoyos”. Términos elegantes que en la práctica no son más que la vil repartición paternalista, clientelar y corporativista de dadivas.
No existe problemática a resolver de manera profesional y técnica, únicamente se reparte dinero…
Ejemplo de esta politización, así como de la pobre instrumentalización y deficiencia técnica, son los desafortunados casos de las “Becas Benito Juárez”, “Sembrando vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro”, programas públicos que desde el inicio de esta administración en 2018 han dado los siguientes resultados: 6.1 millones más de pobres… y MORENA pasó de cinco a veinte gubernaturas…
En síntesis, la politización y el fracaso técnico de estas “políticas públicas” se traduce en dos tragedias nacionales; anualmente se dilapidan MMDP del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sin resolver ninguna problemática. Todo lo contrario, los indicadores de pobreza no cesan de aumentar.
Y segundo, la constitución de estructuras clientelares, centralistas, piramidales y corporativistas, con una población cooptada por una cada vez mayor pobreza, alimenta lo que en hechos es la mayor amenaza a nuestro de por sí ya amedrentado entramado democrático-Institucional: el culto a la personalidad del Presidente.
Para finalizar, en la Ciencia Política y la Administración Pública es sabido que el valor de una política pública es la elección de un supuesto deseable sobre otro supuesto deseable. Es decir, una política pública al tener un valor está discriminando a otros valores.
Esto aplicado al México de hoy deja en claro una cosa: el valor supremo de este gobierno es la concentración de poder político y económico. El culto a la personalidad del Presidente, no hay más.
José Emilio Cal y Mayor
