Se da a conocer dentro de dos informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Unidad de Inteligencia Naval elaborados a principios de 2019 que presuntamente, el estado de Morelos se encuentra controlado por gobernadores, senadores, diputados, presidentes municipales y jueces ligados con los grupos criminales que operan en la región, ya sea, Los Rojos, Guerreros Unidos o el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG),
En un “Panorama Delictivo de Morelos”, el grupo de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar) señaló que el grupo criminal de los Beltrán Leyva cuenta “con protecciones de autoridades del exgobernador de Morelos Graco Ramírez”, y señaló que el primer círculo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, del Partido Encuentro Social (PES), tienen vínculos con Los Rojos, Gente Nueva y el CJNG.
De acuerdo al informe, extraído entre los millones de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo Guacamaya, estableció que José Manuel Saénz Rivera, José de Jesús Guizar Nájera, Uriel Carmona Gándara y Samuel Soto Salgado, respectivos jefe de Oficina de Blanco, subsecretario de Gobierno, fiscal general y consejero jurídico están vinculados con Los Rojos –o Gente Nueva–, y además con el CJNG para los primeros dos.
Además menciona que el presidente de la Cámara de Diputados local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, tiene nexos con los grupos de la delincuencia organizada de Guerrero, al igual que varios diputados, el senador Ángel García Yáñez del PRI, así como de nueve jueces locales que han liberado a delincuentes por “supuestas” faltas de pruebas.
En este contexto, marcado por la relación sinérgica entre gobierno y crimen organizado, fue asesinada el 5 de octubre la diputada local Gabriela Marín Sánchez, del partido Morelos Progresa, en Cuernavaca. La política de 37 años había tomado posesión apenas el pasado 15 de julio, después de ganar un proceso judicial contra el político Roberto Yáñez Moreno, quien le había robado la diputación plurinominal.
El informe de inteligencia agrega, que a principios de 2019 operaban varios grupos criminales, principalmente Los Rojos, encabezado por Santiago Mazarí Hernández “El Carrete”, detenido en agosto de 2019, condenado a 20 años de cárcel y aliado con el Cártel del Sur, y Guerreros Unidos, que operaba en alianza con el CJNG y con La Familia.
Asimismo, identificó a un grupo de por lo menos 12 presidentes municipales aliados con Los Rojos: Alberto Sánchez Ortega, expresidente municipal de Xochitepec y ahora diputado por Morena; Rafael Reyes Reyes, presidente municipal de Jiutepec por la coalición PT-Morena-PES, así como los alcaldes de toda la zona suroeste de Morelos de los municipios de Tlaltizapan, Puente de Ixtla, Tlaquiltenango, Jojutla, Amacuzac, Mazatepec, Coatlán del Río, Tetecala, Xoxocotla y Coatetelco–, sin importar su color político, ya sea del PRI, Morena, PAN o PSD.
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También planteó que la política priista Rosalinda Mazarí Espín tiene nexos con Los Rojos, pues es tía de Santiago Mazarí Hernández, “El Carrete”, el líder de los Rojos. Mazarí fue tres veces diputada federal por Cuernavaca y una vez diputada local.
El informe señala a otros políticos priistas vinculadas con Los Rojos, en el vecino estado de Guerrero: Francisco Javier García González, el expresidente municipal de Chilapa de Álvarez; Mario Moreno Arcos, otrora presidente municipal de Chilpancingo, y Leopoldo Ramiro Cabrera Chávez, el exalcalde de Leonardo Bravo, también en Guerrero.
El informe de la Semar señaló que los presidentes municipales de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez (PRD/PSD); Cuautla, Jesús Corona Damián (Morena/PT/PES); Yecaptixtla, Francisco Erick Sánchez Zavala (PAN-MC); Temoac, Valentín Lavín Moreno (PVEM) y Tepoztlán, Rogelio Torres Ortega (Morenta/PT/PES) estuvieron vinculados con Guerreros Unidos y el CJNG.
Por su parte el informe de la Sedena indicó, que “seis presidentes municipales de la región Oriente tienen vínculos con el CJNG, representado por Raymundo Isidro Castro Salgado, “El Ray’”, mientras que en Yautepec “el alcalde colabora con el líder del delictivo ‘Comando Tlahuica’”.
“Temoac, el alcalde es yerno del secuestrador Antonio Aparicio. En 2018 ejecutaron a tres mujeres de su familia, y fue amenazado en mantas por el ‘Comando Tlahuica’ al considerarlo su contrario político-delictivo”, y “Cuautla. Samuel Corona Damián, hermano del presidente municipal fue detenido por secuestro, en la casa de seguridad había mantas con mensajes de narco-política”.
