Sin lugar a duda el rol trascendental que juegan en la actualidad las fuerzas armadas le ha
traído al centro de atención de la opinión pública. Desde la decisión de la actual administración
federal de no sólo no disminuir su acción en temas de seguridad pública, sino de asignarle una
serie de responsabilidades y atribuciones técnicas y específicas que funcionarios públicos
pueden y deben desempeñar.
Esta expansión de la presencia militar en la vida pública de país, el incremento de sus facultades
y presupuesto desafortunadamente ha ido de la mano con su politización, lo que sugiere una
creciente participación dentro de las esferas en la administración federal a un nivel en el que
los propios funcionarios públicos al frente de otras instituciones civiles ya acusan su presencia.
En días recientes trascendió que, en una reunión a puerta cerrada con parte del gabinete de
seguridad, en la que presuntamente el general secretario, Luis Cresencio Nacional advirtió que
“si siguen manchando al ejército, retiro a los militares de las calles, a ver que hacen”, después
de que días antes se revelara el informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa,
en el cual se detalló la participación del ejército en la desaparición de los normalistas.
Tal es la resonancia actual del ejército que la Fiscalía General de la República canceló 21
órdenes de captura relacionadas a este caso, de las cuales 16 eran de militares. De acuerdo con
investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH, miembros
del ejército participaron de manera activa en comunicaciones con grupos del crimen organizado
y tuvieron un rol determinante en lo ocurrido en Guerrero hace ocho años. Incluso, a pesar de
tener la orden expresa del presidente Andrés Manuel López Obrador de liberar la información
que posean relacionada con el caso, las fuerzas militares se niegan a hacer públicos informes
relacionados al tema.
No obstante, lo que sí se hizo público en los últimos días fue el robo de miles de archivos
digitales de contenido sensible, como el estado de salud del presidente, poniendo el jaque el
insípido concepto que existe de seguridad nacional en México. Este robo de información más
allá de considerársele un acto criminal expone la falta se seriedad y desinterés con las que el
gobierno de México aborda todo lo relacionado con las tecnologías de la información, no como
ese tema prioritario e indispensable que el mundo moderno exige. Desafortunadamente, este
problema de ciberseguridad no es exclusivo de las fuerzas armadas, ya le había ocurrido a
Pemex, a la Secretaría de Economía, el SAT, al ISSSTE, entre otras, sin embargo, el presidente
insiste en minimizar estas fallas como si se tratara de un tema menor.
Se ponen en entredicho las carencias de una mala administración de recursos públicos y peor
aún, pone en peligro la gobernabilidad de un país asolado por otras carencias como la pobreza,
la inseguridad, la violencia y la corrupción.
Azul Etcheverry Aranda
