Pedro Isnardo de la Cruz y Juan Carlos Reyes
El rol político del ejército se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y el rol de las autoridades civiles se ha venido debilitando debido a la fragmentación de la corrupción política que ha causado la delincuencia organizada”. Edgardo Buscaglia
Debemos dimensionar el papel del Ejército mexicano como actor político, más allá del rol que como grupo de presión venía jugando, ahora en el período conclusivo de la 4T hacia el final del mandato del Presidente AMLO.
México –dentro de los próximos 22 meses-, reflexiona y acciona para refrendar y defender su vocación democrática, transición que nos llevó más de 30 años sortear.
Pasamos de la conducción política por un Partido de Estado, a una competencia cierta en un sistema de partidos, plural y competitivo.
Edgardo Buscaglia expresa que “hoy de alguna manera el ejército mexicano inició una latinoamericanización en muchos sentidos: está adquiriendo poder político con relación a las autoridades civiles fragmentadas que antes no tenía”.
En efecto, el ejército ha recibido encomiendas diversas en la construcción de infraestructura, administración portuaria y aduanera, en temas de contención migrante transnacional, tareas antes asignadas a civiles con el propósito de evitar corrupción y deshonestidad de los servidores públicos y para preservar la agenda geopolítica con Washington.
Ahora se pretende que la Guardia Nacional sea dirigida por un militar y no por un civil, como lo mandata la Constitución.
El presupuesto federal ejercido por militares se incrementó de manera exponencial. Las acciones militares están presentes en la educación, la salud, seguridad pública, obras insignia sexenales y seguridad nacional, entre otras.
Es inédito que la misma Presidencia de la República -la de la 4T-, que le ha dado un rol político y administrativo protagónico en diversas esferas decisivas de la vida nacional, también ha propiciado que el Ejército reconozca su responsabilidad y excesos durante el periodo contra insurgente de la “Guerra sucia” en nuestro país.
Estamos ante un nuevo momento político militar nacional: ahora, el fuego de la realidad del país en materia de violencia y criminalidad, conmina a su vez a la institución a dar la cara y abrir sus compuertas ante la presunta participación de sus mandos élite y personal activo, en los hechos trágicos contra jóvenes normalistas de Ayotzinapa en 2014.
El contexto complejo gravemente politizado, conlleva el que un elevado mando militar enfrentará severos cuestionamientos por la Fiscalía federal por su actuación en el acontecimiento de Iguala.
Asimismo, la creciente política de militarización de la seguridad pública en el país desde hace décadas, ha entrañado cada vez más episodios de presunta responsabilidad con víctimas de desapariciones forzadas, y de posibles pautas de revictimización institucionalizada, como lo refiere Galaviz del Instituto Mora.
Sin embargo, para la propia Presidencia y el gobierno de Estados Unidos de América, los niveles de inseguridad y la transformación del empoderamiento de cárteles mexicanos, les es cada vez más preocupante por las consecuencias sociales extremas del cada vez más demandante consumo de opioide sintético como el fentanilo, por la creciente inseguridad y violencia fronteriza y las fuertes expectativas de inestabilidad crónica respecto a inversiones, expulsión migrante, turismo y narcoterrorismo.
En su “México: Organizaciones del Crimen Organizado y el Narcotráfico” -Informe legislativo federal de junio de 2022 del Congressional Research Service de Estados Unidos de América-, se subraya el fracaso del Ejército mexicano en materia de seguridad:
“Los sucesivos gobiernos mexicanos han buscado disminuir el alcance y el carácter de la actividad de las organizaciones criminales mexicanas transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés), de una amenaza a la seguridad nacional a un problema de orden público. Si esto se logra, las responsabilidades de aplicación de la seguridad nacional pueden devolverse de las fuerzas armadas a las fuerzas del orden público mexicanas. El presidente López Obrador continuó con la estrategia de seguridad militarizada de las dos administraciones mexicanas que le precedieron. Autorizó a las fuerzas armadas mexicanas a continuar con su papel en la aplicación de la ley nacional durante el resto de su mandato. La Guardia Nacional, que el presidente López Obrador comenzó a desplegar a mediados de 2019, ha tenido menos denuncias de abuso que las fuerzas armadas del gobierno anterior de Peña Nieto, pero la estrategia militarizada para combatir las TCO no ha debilitado efectivamente a los grupos criminales. La continua revelación de corrupción de alto nivel vinculada a los grupos criminales y su aparente control del territorio mexicano demuestra que las TCO, están más arraigadas que nunca” (CRS, 2022: 35).
Concluyamos.
El papel político del Ejército mexicano ha sido impecable en lealtad institucional a cada régimen, independientemente del partido o ideología política del mandatario sexenal en turno.
La confianza patriótica profesada por el Presidente AMLO al Ejército mexicano y la disciplina castrense como institución, ha sido recíproca e inmejorable, incluso en los momentos de mayor cuestionamiento público a su desempeño durante el actual sexenio y ante las nuevas autoexigencias que le impone la política de “abrazos, no balazos”.
Dado su nivel de responsabilidades múltiples en seguridad interior y más allá, pero sobre todo por la confianza personal y gubernamental que le ha otorgado la Presidencia de López Obrador, el Ejército mexicano y su mando élite actual, se le ha venido transformando en un Ejército político, un factor preeminente de poder nacional.
Ello implica cada vez más exigencias sobre su capacidad de autotransformación democrática en términos de responsabilidades y transparencia en asuntos de interés nacional ante el Congreso mexicano, víctimas/familiares de víctimas de delitos que presuntamente implican a sus mandos y efectivos militares, investigaciones que activen instancias ministeriales de procuración de justicia y, por supuesto, ante la opinión pública mexicana e internacional.
Ahora, la élite militar habrá de cabildear ante el Poder Judicial Federal criterios que corroboren la postura del Ejecutivo sobre la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional.
Recuperemos algunas incógnitas clave.
¿Modificará el Ejército su posición respecto a su tradición de secrecía y confidencialidad institucional ante asuntos vitales de interés nacional?
¿Tendrá el Ejército un rol más activo en el proceso político sucesorio?
¿Mantendrán su rol pasivo y garante de la legalidad y estabilidad nacionales?
Todo parece indicar que estarán muy activos promoviendo la reproducción de su rol estelar en la administración pública federal, continuarán manejando amplios presupuestos y acumulando mayor poder.
¿Realmente han sido más honestas las gestiones militares?
¿La ejecución de la obra pública mandatada a los militares está siendo auditada por la Auditoría Superior de la Federación?
¿Asumen / aprueban los parámetros de transparencia y rendición de cuentas?
¿La obra pública realizada por militares cumple con indicadores de eficiencia, calidad y sostenibilidad y gobernanza comunitaria?
Éstas y otras interrogantes se aclaran y resuelven en el curso de los meses por venir.
La lucha por el avance democrático nacional no merece tregua.
