Esta semana se registraron una serie de hechos violentos en diversos municipios de Jalisco, Guanajuato,
Chihuahua y Baja California como resultado de las actividades del crimen organizado en el país,
destacando lo ocurrido en Baja California, donde se registró la quema de más de 20 vehículos privados y
de transporte público en cinco municipios, particularmente en Tijuana, en donde su alcaldesa llamó a la
ciudadanía a conservar la calma y solicitó a los miembros de organizaciones delincuentes “cobrar las
facturas” a quienes les deben y no a las familias que ahí habitan.
Tras estos desafortunados comentarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a minimizar
la violencia que se percibe en el país y dijo que se trata de exageraciones de sus adversarios, asegurando
que no hay un problema mayor más allá de una propaganda exagerada para infundir miedo a la
población.
No obstante, la realidad que el presidente, su gabinete y los más próximos al movimiento de la 4T no
quieren reconocer va mucho más allá de “exageraciones de adversarios” o una prensa tendenciosa y
oportunista. Lo que se ve en las calles del país ya empieza incluso a considerarse como actos de
terrorismo, confrontativos, abiertos, cínicos, con abuso de la fuerza y la intimidación de la población
civil.
En ese sentido, se vuelve necesario contextualizar los actos violentos, no como forma de justificación, ni
para minimizarla, al contario, es fundamental señalar que este tipo de violencia se ha vuelto crónica y es
el resultado de largos procesos de descomposición social que nos afectan a todos a nivel nacional en
donde las cifras son testigo.
Tristemente, este fenómeno no es ajeno a mi entidad, Guanajuato, que ha permanecido al menos los
últimos 4 años dentro de top de entidades con más violencia homicida a nivel nacional. La historia se
repite en Jalisco, Baja California, Estado de México y Michoacán, donde se concentran los mayores
índices delictivos en este rubro de seguridad.
Si bien es fundamental investigar y sancionar estos actos violentos como parte de una verdadera
estrategia de seguridad que incida en la prevención y contención del delito, es necesario, en principio,
distinguir las causas locales de la violencia, dada la creciente diversificación de flujos económicos de las
actividades ilícitas del crimen organizado. Más allá del control generalizado de las vías terrestres de
tránsito de drogas, cada entidad representa aspectos específicos como lo es el robo de combustibles en
el bajío o el secuestro en Jalisco.
Así como es importante no aislar contextos históricos locales que han dado pie a estos niveles de
violencia, tampoco podemos reconocer que la oficialización del uso de la fuerza militar en tareas de
seguridad pública se haya traducido en resultados positivos en prevención o disuasión del delito, al
contrario, cuando ocurren enfrentamientos, la presencia de las fuerzas armadas no se ha traducido en
resultados positivos tangibles.
Más importante aún, mientras sigan prevaleciendo la corrupción institucionalizada, así como índices de
impunidad que rondan el 95%, acompañada de un sistema de impartición de justicia rebasado, nuestro
país seguirá siendo campo fértil para la violencia y la criminalidad.
Azul Etcheverry Aranda
