Por: Daniel Vergara.
El juicio de amparo era un orgullo para los mexicanos, al tener la finalidad de proteger la estricta observancia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es la única vía para hacer prevalecer el estado de derecho que garantiza la armonía común.
Con esto le recordamos al titular del ejecutivo federal, los argumentos vertidos cuando se otorgó de forma acertada la suspensión concedida por el Juez de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, relacionados con el acto reclamado consistente en: “El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo del año dos mil veintiuno.
Determinación judicial que evidentemente no fue del agrado personal del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien amenazó que, de ser necesario, “cambiaría” la propia Constitución, derivado de la concesión judicial relativa al decreto citado.
Finalmente, en sesión del 7 de abril de 2022, los Ministros de la Corte votaron el proyecto de la Ministra Loretta Ortiz en relación con el Decreto.
En la sesión de la corte se verificó una mayoría calificada (8 votos o más) respecto de ciertas disposiciones del Decreto, lo que resultó en su validación o confirmación de constitucionalidad.
De ahí que, las relatadas y bien estructuradas instituciones, parecieran estorbar al actual Presidente; inmortalizando aquella añeja pero bien recordada frase de su autoría: “Al diablo con las instituciones.”
Lamentablemente hoy se cumplen los pronósticos del año 2006, cuando iniciaban las comparaciones con el exdictador Hugo Chávez y nuestro actual Presidente Andrés López Obrador, en donde a éste se le describía como una persona intolerante, impositiva, con rasgos similares a Chávez.
Actualmente al juez: Juan Pablo Gómez Fierro, se refirió el mandatario presidencial, “nosotros lo estamos investigando sobre el caso Iberdrola, estamos revisando cómo fue que concede un amparo para que Iberdrola no pague una multa de 10 mil millones de pesos”, aseguró.
El mandatario señaló que actualmente se indaga la posible presentación de documentos falsos que sirvieron para frenar la multa.
Ante las susodichas resoluciones del poder judicial; es necesario conocer la historia de la institución judicial federal, a efecto de cómo orientar las reformas que su evolución se precisen conforme a las verdaderas exigencias del país, pues difícil sería para el ciudadano, el hombre de leyes y el juez, comprender la naturaleza de las instituciones jurídicas, si no se remontara a sus comienzos.
Qué hubiese sido del origen del juicio de amparo, si el Juez D. Pedro Zámano, en su carácter de primer suplente, no hubiese firmado osadamente la primera sentencia de amparo ese 13 de agosto de 1849, en el caso del quejoso D. Manuel Verástegui, a quien le concedió la protección constitucional, en contra del destierro ordenado por el Gobernador del Estado de San Luis Potosí.
Al firmar como supletorio, no se desestimó su probidad, sin integridad no puede haber justicia, pero rectitud quiere decir también puntualidad, que sería un valor de orden inferior sin ser utilizable en las prácticas secundarias de la administración de justicia.
Por lo expuesto, se seguirá aplaudiendo la excelente actuación del Juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien sin dejarse intimidar por el titular del ejecutivo federal y menos aún por su superior jerárquico en grado, pero pareciera ser, que no en conocimiento e integridad; Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, actual Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, rememoró aquellas antiguas enseñanzas del sustituto del Juzgado de Distrito, D. Pedro Zámano, quien dispensó al quejoso D. Manuel Verástegui, del destierro ordenado por el entonces Gobernador del Estado de San Luis Potosí, concediéndole sin temor alguno, el amparo y protección de la justicia federal.
Y como conclusión, por otro lado, se seguirá desaprobando el actuar del primer magistrado de la nación al seguir pisoteando la referida Institución de Crescencio Rejón y Mariano Otero, con sus alusivas reformas donde ya incluso cambio la propia Constitución, como se había pronosticado, para continuar con sus planes de su tan anhelada obra del tren maya, donde los caprichos de Andrés Manuel López Obrador ponen en peligro la autonomía del Poder Judicial de la Federación y de millones de mexicanos.
“La barbarie de un presidente es la mayor calamidad de un pueblo”.
Abogado Penalista, especialista en Derechos Humanos.
@DanielV13802115.
