M.C. y H. Oswaldo Rodríguez Amaya
Desde el inicio de la construcción del Tren Maya el presidente de México ha sido criticado por ambientalistas por el impacto ambiental que esto podría generar y que ha implicado una serie de manifestaciones políticas y ciudadanas; pero el tema no ha terminado ahí, pues el hecho de que fuera nombrado como una obra de seguridad nacional y el hecho de que se hayan expropiado cerca de 36 terrenos ha llamado la atención en diferentes momentos del desarrollo de la obra.
Durante el inicio de esta semana, Andrés Manuel López Obrador expropió 36 terrenos en los municipios Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum y que en su conjunto suman una superficie de un millón 93 mil 118.93 metros cuadrados y que próximamente serán propiedad de la federación, y aunque llame la atención, es importante mencionar que sí es legal dicho fenómeno jurídico bajo el sustento de utilidad pública y mediante indemnización a los propietarios.
Sin lugar a duda lo anterior llama la atención en el hecho de que el presidente se ha “aferrado” a este proyecto al ser uno de los más importantes de su sexenio, y es que aunque detonará el desarrollo económico de toda la zona sur del país, también es cierto que se han señalado críticas en el alto costo que tendrá, el impacto al medio ambiente que se sufriera a los ecosistemas de la zona, sin olvidar la falta de transparencia en algunas cuestiones de la obra.
Dicen que en la política el poder se ejerce y de eso no hay duda de que hace Andrés Manuel López Obrador, pues sabe que las instituciones (en el ejercicio) le pertenecen, por lo cual las ha utilizado de forma repetida para garantizar sus planes, y aunque esto no está prohibido por la ley, lo que si es que no es sano para el ejercicio del poder público en el que los ciudadanos tenemos una participación activa.
Finalmente, es importante mencionar que no solo en el estado de Quintana Roo se han dado conflictos y manifestaciones importantes por ser la zona en la que se encontrará la mayor actividad turística, sino también en el estado de Yucatán, en donde un juez concedió una segunda suspensión definitiva, aunque seguramente en un futuro se determinara que la obra deberá de ejecutarse con equilibrio ambiental y desarrollo económico, como ya ha sucedido en otras partes del país, pues no se puede privar a las personas de acceder a una mejor calidad de vida, pero tampoco se puede privar a la colectividad del derecho a un medio ambiente sano. Al tiempo.
