“La Sedatu propuso decretar la expropiación de los inmuebles para llevar a cabo la construcción del Proyecto Tren Maya, en su tramo 5, subtramos norte y sur, en el estado de Quintana Roo, he tenido a bien expedir el siguiente DECRETO. “PRIMERO. Se expropia por causa de utilidad pública una superficie total de 1,093,118.93 m2 (un millón noventa y tres mil ciento dieciocho punto noventa y tres metros cuadrados) a favor de la Federación para la ejecución del tramo 5, subtramos norte y sur del Proyecto Tren Maya, correspondiente a treinta y seis inmuebles de propiedad privada”
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó este lunes la expropiación de 36 predios privados de más de 109 hectáreas para la construcción del Tramo 5 del Tren Maya, ubicados en los municipios de Solidaridad, Benito Juárez, Puerto Morelos y Tulum, Quintana Roo.
Un decreto publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) detalló que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedat) cubrirá el monto de las indemnizaciones adeudadas en materia de derecho pagadas a quienes acrediten su legítima derechos de acuerdo a los avalúos emitidos por el Instituto para la administración y avalúo de los bienes nacionales (Indabin).
El documento detalla que Fonatur y Sedatu coordinarán con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el requerimiento de gastos que deberán cubrirse como consecuencia de la entrada de este decreto.
Se detalla que este decreto se hace efectivo desde el 2 de Agosto, fue publicado luego de que el fin de semana el presidente López Obrador, junto al gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín González, visitara el tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, el cual se suspendió por órdenes presentadas por ambientalistas, pero que ha sido declarado un acto de seguridad nacional para seguir trabajandolo.
También hoy, el juez del primer distrito, residente en Yucatán, Adrián Fernando Novelo Pérez, dio una segunda suspensión definitiva de las obras del tramo cinco del Tren Maya.
Se trata de la suspensión de actividades en beneficio de la asociación civil “Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano”, cuyos integrantes presentaron un reclamo de garantías el pasado 5 de abril.
La organización solicitó un paro de labores al impugnar los permisos, autorizaciones, así como las actividades de planificación, ejecución y desarrollo del tramo cinco del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum Norte. Tras conceder la suspensión, el juez Novelo Pérez programó una audiencia constitucional para el próximo año, el 5 de agosto, cuando decidirá si otorga el amparo definitivo a la asociación cívica.
