Alejandra Lagunes, quien fuera la responsable de las redes sociales y la política digital en el sexenio anterior, se encuentra vinculada por la Procuraduría de la República Dominicana, por lavado de dinero.
La senadora del Partido Verde Ecologista de México, Alejandra Lagunes fue vinculada, por la Procuraduría de la República Dominicana, a una red de lavado de dinero, la cual habría liderado.
Lo anterior, con el fin de financiar la estrategia de comunicación de la campaña presidencial del exprocurador General de República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, a través de un plan llamado “Operación Medusa”.
Dentro de este, la senadora mexicana habría utilizado la empresa de Ricardo René Fernández Audiffred, exintegrante de la administración federal de Enrique Peña Nieto, para hacer el desvío de recursos.
Esto, serían provenientes del erario público de República Dominicana. Para ello, Alejandra Lagunes se encargó, presuntamente, de liderar un grupo denominado “Los Tequilas” compuesto por mexicanos.
Ellos se habrían mudado a aquel país, en donde además recibieron 2 millones de dólares, los cuales provenían del desvío de recursos públicos de la procuraduría general, explica el portal de noticias Diario Libre.
“El Ministerio Público tiene pruebas de pagos millonarios en dólares realizados mediante operaciones de pitufeo a la hoy senadora Lagunes”, señalaron las autoridades dominicanas.
El pitufeo es un mecanismo a través del cual se hacen depósitos bancarios de montos pequeños de dinero, a manera de que no sean detectados por el sistema financiero, por lo cual es usado por los grupos de delincuencia organizada.
Con este método además Lagunes recibió dos millones de dólares, los cuales le fueron otorgados por medio de una empresa de comunicación llamada DGI Consultoría Estratégica SA de CV.
A pesar de ello, las autoridades de aquel país señalaron que por el momento la senadora mexicana está fuera de las imputaciones por evidentes razones procesales; no obstante, utilizarán “los canales de cooperación jurídica internacional”.
Lo anterior con el objetivo de “poner a disposición de las autoridades mexicanas los graves hallazgos que se encuentran bajo la custodia del Ministerio Público de la República Dominicana”.
Esto, debido a que Wilson Camacho, Procurador adjunto de la República Dominicana, detalló que la carpeta de investigación está integrada por 12 mil 274 páginas de datos, tres mil 500 pruebas y más de 400 testigos.
