El Congreso de la Unión avanza con una propuesta para crear una Ley Federal de Ciberseguridad, la cual busca redefinir las responsabilidades del Estado frente a las plataformas tecnológicas, que va desde Facebook hasta las criptonomedas.
El compromiso de las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados y del Senado es contar con un primer borrador en septiembre próximo.
Los trabajos se realizan bajo el formato de conferencia bicameral, a fin de construir ahí los consensos que permitirían regular algunos alcances de la realidad virtual tanto para los usuarios de servicios como para las instituciones.
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El análisis que senadores y diputados realizan incluye la definición de los delitos en este ámbito, bajo el reconocimiento de que la ciberdelincuencia puede efectuarse desde la computadora de un hacker de 16 años o por organizaciones que deliberadamente diseñan ataques políticos para desestabilizar un país.
Con aportaciones de representantes de la administración pública, incluido el gabinete de seguridad, y empresarios vinculados al ciberespacio, legisladores de ambas cámaras preparan el documento de trabajo que serviría de base para formular el proyecto de ley durante el segundo año de la actual Legislatura.
HAY 15 INICIATIVAS DE LEY
Al informar sobre la evolución de este proceso parlamentario, el diputado Javier López Casarín (PVEM), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación de San Lázaro, adelantó que, entre las 15 iniciativas presentadas hasta ahora en esa materia, se encuentra la suya para crear la Agencia Nacional de Ciberseguridad.
Es un tema muy ambicioso. Y la Agencia sería el puerto al que hay que llegar. No estamos listos ahora, porque necesitamos primero el instrumento que le dé la facultad para la creación; darle presupuesto, personalidad jurídica y dónde se ubicaría. En mi propuesta, lo he visualizado como un área estratégica directamente relacionada con la Presidencia de la República”
Por lo pronto, el debate que genera la idea de establecer una Agencia Federal queda pendiente, sin embargo, ya existen definiciones de la ruta parlamentaria a seguir.
Se acordó en consenso crear la Ley Federal de Ciberseguridad. No necesitamos una, necesitamos dos o tres más. Vamos primero por una. Estamos tomando en cuentas todas esas iniciativas para tenerlas incluidas en esta ley, y presentar algo robusto”, confió.
REGULAR EL MAL USO DE FACE
Explicó el legislador que la ciberseguridad no se limita al hackeo del WhatsApp, a la clonación de una tarjeta de crédito ni a una sustitución de identidad.
Es mucho más grave que eso. Los ciberdelitos no pueden ser tratados como cualquier otro. Hay que tipificarlos y contar con una regulación que tiene qué ver con plataformas de redes sociales”.
Ejemplificó que Facebook tiene más de dos billones de usuarios, casi de una tercera parte de la población mundial, acumulando un poder que trasciende fronteras. Detalló que, mediante el uso de esas plataformas tecnológicas, correos electrónicos y cuentas personales, los usuarios han ido cediendo información que configuran perfiles.
Pero alertó que, en el tema del ciberespacio y las tecnologías vinculadas a éste, deben comprenderse los alcances de la inteligencia artificial, la realidad virtual, el metaverso donde suceden interacciones y transacciones económicas —y en el que hay se habla de las criptomonedas— estimadas ahora en más de 50 mil millones de dólares, cifra que dentro de dos años podría subir a 700 mil millones de dólares.
CIBERDELINCUENTES NO RESPETAN FRONTERAS
De manera que, en la formulación de un régimen jurídico vinculado al ciberespacio, “tenemos que entender que éste no respeta fronteras físicas”, mismas quea hora determinan las legislaciones nacionales, como nosotros vislumbramos, las legislaciones o los países.
Consecuentemente la ley en proceso deberá partir del hecho de que existen centenares de interacciones que se dan desde los dispositivos móviles inteligentes y que todo ello está impactando la vida cotidiana.
Con esa perspectiva, el diputado López Casarín destaca que una regulación en ciberseguridad deberá ser transversal e impactar a los tres niveles de gobierno, así como a los tres poderes, a los empresarios, comunidades académica y científica y a la sociedad en general.
Lo anterior implica que el marco jurídico a construir deberá detonar ecosistemas de innovación, con capital de riesgo e inversiones, una de las mayores carencias de México.
Al respecto, López Casarín habló de la urgencia de enseñar a las nuevas generaciones a programar. “Hay un déficit mundial y en nuestro país es superior a los 180 mil empleos de programadores”.
CRIPTOMONEDAS Y REALIDAD VIRTUAL
Es un proceso legislativo que obliga a preguntarnos, reseñó el director y fundador del Grupo Reinventando a México, si estamos al tanto de las tecnologías emergentes o las tecnologías exponenciales, como se conoce a nivel internacional a conceptos relativos a la inteligencia artificial.
La realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain, una tecnología creada entre 2008 y 2009 se presenta. Es como si fuera un tren donde la información que transita son los diferentes vagones, va encriptada, y en esa encriptación tu colocas información, eso se desdobla en diferentes productos, uno de ellos son las criptomonedas. Es un tema de especulación y de poco conocimiento. Es muy fácil que se caiga en manos de alguien que esté ejecutando un fraude. Tenemos que regular eso”, explicó.
NO BASTA LEGISLAR
El proceso de legislación en materia de ciberseguridad implica además la capacitación ministerios públicos para cuando se abran espacios que atiendan delitos especiales o ciberdelitos. “La Ciudad de México tiene uno, la Fiscalía General de la República está en esos esfuerzos para atender el área, estamos empezando a tener la conciencia, pero tenemos que darle a nuestras autoridades una estructura jurídica potente que, sin embargo, no inhiba la inversión ni los ecosistemas de innovación para ir en contra de los ciberdelitos y sus responsables”.
Explicó el diputado López Casarín que este marco jurídico deberá incluir compromisos como el destinar por lo menos 1 por ciento del PIB, a la ciencia y la tecnología; el impulso a las tecnologías emergentes; la investigación; la innovación y la transferencia tecnológica, y el presupuesto y financiamiento para concretar esos propósitos.
En la consulta han participado Presidencia de la República, Hacienda, el SAT, la UIF, Relaciones Exteriores por la importancia que tienen convenios como el de Budapest en la materia; Comunicaciones y Transportes, Marina, Defensa, la Guardia Nacional y Banco de México.
FUERZAS ARMADAS, ALIADAS
Cuestionado respecto a la participación de las Fuerzas Armadas y de las fiscalías en este proceso, el legislador sostuvo que han sido clave y grandes aliados.
Han sido grandes aliados por la información que se comparte; nos señalan cuáles han sido sus limitantes jurídicas para poder actuar y por eso hemos trabajado en dos pistas: la parte técnica y la parte jurídica para ir preparando perfiles de aquellos servidores públicos que estarán en los Ministerios Públicos para atender los ciberdelitos, y saber de qué infraestructura tecnológica debemos dotar a las fiscalías para perseguir a un ciberdelincuente”, reseñó.
Pero también las empresas han alertado dónde están las áreas críticas. “Microsoft nos compartía que a través de lo que corre en su sistema, a nivel mundial, estimaban que para el 2022, el costo de los ciberdelitos iba a tener un impacto. En cuanto a dinero, equivalente a los 8 trillones de dólares”, reveló.
Lo delicado es que, en el primer trimestre de este año, esos pronósticos ya se cumplieron a nivel global”, advirtió. Hay 400 millones de ciberataques al día, según mediciones de esa trasnacional.
INTERNET PARA TODOS
Detalló que en la consulta en la arena privada se ha contado con más de 100 participantes de plataformas sociales, desarrolladores de software y de hardware y empresas de telecomunicación, así como despachos jurídicos de asesoría que enfrentan las batallas contra la ciberdelincuencia en litigios por ahora civiles, mercantiles y penales.
Respecto a su propuesta de una Agencia Federal de Ciberseguridad, Javier Casarín considera que ahí podrían formularse las regulaciones bajo las cuáles el gobierno debería actuar, sea para la compra de equipo físico o en el ajuste permanente de la legislación.
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Comentó que Estados Unidos y Reino Unido invierten muchos recursos en sus respectivas agencias. Tener una Agencia de Ciberseguridad es prevenir los delitos, y tienes que dotarla de recursos que, si no lo haces, el impacto que tendría sería mayor.
Otro pendiente legislativo relacionado con el tema es concretar el compromiso presidencial del programa Internet para todos.
Casi tres billones de personas no tienen acceso a internet en el mundo. En México tenemos casi 90 millones de dispositivos electrónicos o líneas móviles, pero eso no quiere decir que exista una línea por una persona”, señaló.
