Esta semana se cumplen más de diez días del inicio de las protestas en contra del gobierno del presidente Guillermo Lasso en Ecuador, un fenómeno que se ha ido recrudeciendo conforme más grupos sociales se han ido sumando al paro nacional iniciada originalmente por el incremento en el costo de los combustibles, no obstante, las demandas se han extendido hacia temas sociales, educativos, de derechos laborales, servicios estratégicos, entre otros.
En ese sentido el gobierno ha denunciado una campaña política en su contra para forzarlo fuera del poder a tan sólo un año de haber llegado democráticamente la presente administración. Como respuesta, se ha declarado un estado de emergencia inundando las calles de Quito y otras ciudades importantes con la fuerza pública cuyas consecuencias se empiezan a traducir en la pérdida de vidas, personas desaparecidas y decenas de heridos.
Dentro de este levantamiento destaca el liderazgo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y su dirigente Leónidas Iza, donde destaca un decálogo petitorio con el que se busca proteger los intereses de la población más vulnerable frente a una coyuntura local de desempleo y pobreza, que es alcanzada por circunstancias internacionales como la inflación, desaceleración económica y crisis alimentaria causada por el conflicto europeo.
Al respecto, vale la pena señalar la necesidad de iniciar una ruta al diálogo entre los liderazgos sociales y el gobierno federal para impulsar una agenda compartida a partir del interés común, sin embargo, esto no está ocurriendo.
Si bien el gobierno del presidente Lasso ha propuesto medidas de mitigación como el incremento al bono de desarrollo humano, la condonación de créditos vencidos a pequeños agricultores y la promesa de no más aumentos a los hidrocarburos, la realidad es que la situación que atraviesa su administración no es buena. A pesar de haber llegado recientemente a la presidencia, el rechazo a su mandato oscila ya entre el 60 y 70 porciento en las encuestas. No ha conseguido cumplir con los pactos políticos que se esperaban previos a las elecciones, ni cuenta con la fuerza parlamentaria suficiente para llevar a cabo reformas de fondo.
No sólo eso, el gobierno percibe estos amotinamientos como un ataque a la democracia y al derecho de tránsito de la población, culpa a la CONAIE de incitar a la violencia y a no estar dispuesta a ceder en sus peticiones.
Por otra parte, las dirigencias de este grupo indigenista que ahora engloba a otras fuerzas obreras y civiles no están interesadas en participar en el diálogo mientras siga decretado el estado de excepción y la represión por parte de las fuerzas de seguridad sigan siendo ejecutada. Se trata de un movimiento bien organizado que a lo largo de su corta pero aguerrida historia ha conseguido incluso el derrocamiento de los grupos en el poder.
Se trata de una situación compleja dadas las circunstancias que se presentan en la región. Repasando los puntos del pliego de exigencias sociales, vemos que buena parte de la región comparte los mismos problemas, el mismo descontento y las mismas situaciones límite. Vale mucho la pena darle seguimiento al tema.
Azul Etcheverry Aranda
