¿Dónde habrá cámaras de videovigilancia? 

 Los transportes públicos deben ser un lugar seguro para los ciudadanos, por ello se propuso que éstos cuenten con un sistema de videovigilancia obligatorio.

Lo anterior, fue planteado por  Brígido Ramiro Moreno del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, con el objetivo de inhibir delitos que se cometen en el transporte público, y brindar un elemento más de seguridad a los viajeros.

¿De que consta el sistema de videovigilancia en el transporte público? 

Mediante la adición de una fracción X al artículo 49 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el legislador propuso el sistema de videovigilancia como una medida mínima de tránsito para toda unidad que preste el servicio de transporte de pasajeros.

Dicho sistema deberá permitir ver y escuchar todo lo que sucede dentro de la unidad, atender y salvaguardar la seguridad, además proteger la vida y la integridad física de las personas en sus desplazamientos.

Asimismo se agrega que los concesionarios se coordinarán con las autoridades con la finalidad de rendir un informe periódico del funcionamiento de su sistema de videograbación que permita conocer su correcta implementación y corroborar que la unidad es un lugar seguro para todas las personas usuarias.

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Argumenta que las unidades de transporte de pasajeros son lugares cada vez más inseguros y aún más para las mujeres, donde el acoso, secuestros, violaciones e incluso feminicidios se han vuelto cada vez más constantes, y a pesar de la suma de esfuerzos de sociedad y gobierno, la situación se ha intensificado en los últimos meses.

Indica que son verdaderamente alarmantes los niveles de violencia e inseguridad que se enfrentan, y además se han normalizado cada vez más tanto en el transporte público como en el privado.

La propuesta, refiere, busca hacer obligatoria la instalación de dichos sistemas como parte de la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial implementada a través de la coordinación de los tres órdenes de gobierno.

Agrega que el marco legal protege a las personas usuarias del transporte, especialmente a quienes pertenecen a un grupo vulnerable como las mujeres y establece principios para garantizar traslados seguros, así como la obligación de autoridades de los tres órdenes de gobierno de salvaguardar la seguridad, la vida e integridad de los pasajeros.

En este contexto remarca los hechos y las cifras muestran que las mujeres corren mayor peligro al hacer uso de esos servicios, por lo que “no debemos ser omisos ante esa situación”.