La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) a través de la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos, se plantea presentar una denuncia ante los tribunales españoles para que estos decidan sobre la responsabilidad del Estado en matanzas como la de Zemla, que ocurrió en 1970, cuando la Legión mató a tiros a manifestantes en la capital saharaui.
Ahora España aboga por la propuesta marroquí de autonomía, que considera como la más realista, en el marco de un acuerdo mutuo, sobre el Sáhara Occidental, antes su colonia. Los saharauis definen el abandono de la tradicional neutralidad oficial de España, en este conflicto, como “una traición” y formula el deseo de que la justicia española asuma la investigación.
Ese país mantiene clasificados documentos oficiales de su administración del Sáhara, entre 1884 y 1976. La matanza de la manifestación en el barrio de Zemla, en El Aaiún, es una de esas páginas oscuras del periodo final de la colonización española. El 17 de junio de 1970, los líderes políticos que reclamaban la independencia del territorio saharaui, citaron a una manifestación pacífica que fue reprimida por las autoridades españolas.
De acuerdo a diversos historiadores, en esa ocasión una compañía de la Legión española, del Tercio Juan de Austria, mató a tiros a un número de saharauis que nunca se ha determinado. Si la denuncia se hace realidad, la causa contra el Estado español podría prosperar ante la justicia porque en ese entonces los habitantes autóctonos de ese territorio “tenían la consideración de españoles”.
En 2015, así lo determinó la Audiencia Nacional cuando procesó a 11 altos cargos marroquíes por genocidio contra el pueblo saharaui. En ese entonces, el magistrado en su exposición de los hechos planteaba como alrededor de 74,000 saharauis censados por España en 1974 antes de la invasión marroquí, tenían DNI, pasaporte y libro de familia. Eran españoles, y la justicia española tiene jurisdicción universal en los crímenes contra todos los nacionales del país.
Un alto tribunal español consideró en 2014 que, mientras no concluya la descolonización del Sáhara Occidental, España sigue teniendo responsabilidad sobre el territorio en su calidad de potencia administradora. Además, los delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad no prescriben.
Las organizaciones de derechos humanos de la diáspora saharaui, en Argelia, atribuyen a España una responsabilidad que va más allá de los posibles crímenes cometidos por los colonizadores. La Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos defiende que en caso de que se presente la demanda se plantea también pedir cuentas al Estado español por no haber defendido a la población, una vez que Marruecos se anexionó del territorio, cuando España aún no se había retirado del todo.
Es un hecho que la invasión marroquí del Sáhara Occidental ni fue pacífica, como sostiene Marruecos, ni comenzó con la Marcha Verde, integrada por 350,000 civiles, de los que una parte atravesó la frontera saharaui el 6 de noviembre de 1975. Una semana antes, el 30 de octubre, 40,000 militares marroquíes penetraron por el este de la colonia sin que España presentara oposición alguna. Hay evidencia, aclara, que al inicio de la invasión hubo masacres del Ejército marroquí sobre la población civil saharaui. (Este artículo está redactado con base a un reportaje de Trinidad Deiros Bronte, enviada especial de El País a Rabuni, Argelia, que se publicó el 27 de mayo, 2022).
Twitter: @RubenAguilar
