Las contribuciones tributarias dentro del Estado mexicano juegan un papel fundamental, ya que mediante su recaudación se puede invertir en programas y obras públicas tanto a corto, como a mediano, y largo plazo, así como al mantenimiento de infraestructura y otras acciones que promueven el desarrollo de distintos sectores de la población.
En el mismo sentido, las leyes fiscales establecen las contribuciones que deberán aportar los ciudadanos al gobierno. En las leyes fiscales se define el sujeto, la base, la tasa o tarifa que cada impuesto contiene, así mismo, incluye la periodicidad, forma de pago y demás apreciaciones que la autoridad fiscal determine para poder alcanzar los objetivos planteados en la Ley de Ingresos de la Federación que año con año, plantea los recursos con los que dispondrá el gobierno para poder hacer frente a todos los compromisos dispuestos con la población.
El eje en el que versa esta ejecución corresponde al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es quien tiene la responsabilidad de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de las personas físicas, dígase ciudadanos y morales como lo son las empresas.
A pesar de la estructura y metas establecidas por el Estado por medio del SAT, existen contribuyentes que buscan eludir una obligación que la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos impone de participar en los gastos que requiere la nación, mismos que le son necesarios para su existencia y desarrollo.
De esta forma se genera el fenómeno de evasión fiscal, definida de acuerdo al SAT como “toda acción, u omisión, parcial o total, tendiente a reducir o retardar el cumplimiento de la obligación tributaria”. Fenómeno que en días recientes arrojo por parte de los contribuyentes una cifra de un billón 521 mil millones de pesos al 31 de marzo de este año, cifra récord para un primer trimestre del año de adeudos fiscales.
Así lo revela el informe enero-marzo de las Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda, en el que la dependencia destaca la reactivación de casi 500 mil millones de pesos de cargos pendientes de diciembre de 2020 a la fecha, lo que justifica el alza.
Al respecto y del total de adeudos al fisco, 63.5%, esto es 966 mil 216 millones de pesos, no se pueden cobrar, debido a que se encuentran controvertidos, por lo que únicamente 555 mil millones de pesos pueden ser sujetos de cobro actualmente por el SAT.
Si bien, para los contribuyentes significa este proceso una tortura cuando tienen que pagar los impuestos, por lo que el SAT debe de agilizar y simplificar los trámites para que se cumpla con la obligación fiscal de manera práctica, ágil y sencilla. Una formula sencilla es cuando el contribuyente revisa cuánto recibe de ingresos y multiplica por un porcentaje para generar su declaración y el SAT realiza sus cálculos.
El enfoque deber de estar en concordancia con una política recaudatoria equitativa, en el que todo contribuyente debe tener incentivos para contribuir de preferencia sin necesidad de llegar a auditorías o aplicación de medidas coercitivas, aunque desde luego bajó la posibilidad de que las haya y por ende evitar la omisión de ingresos percibidos, el incremento no justificado de deducciones, el pago de un monto menor de impuestos incluidos en la evasión fiscal.
Finalmente es importante ampliar la cultura fiscal, con la justificación de que la justicia en este rubro representa que las contribuciones de la gente sirven para aportar bienes y servicios a la comunidad, con la conciencia basada en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que es una obligación contribuir a nuestra sociedad y al país.
