“Conseguir votos reales, el pánico de las élites”
-Anónimo mexicano
Fue presentada en la “mañanera presidencial”, la propuesta de reforma política de la 4T, el 28 de abril de 2022.
Los mensajes corrieron a cargo del Secretario de Gobernación, el titular de Aduanas y por el legendario militante de izquierdas, Pablo Gómez.
A modo sintético y explicativo de la reforma, intercalamos la propuesta entre comillas con las posiciones discursivas de Pablo Gómez:
Los objetivos de reforma de Estado que traza la Reforma.
En palabras de Pablo Gómez la iniciativa de reformas constitucionales pretende dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad.
Afirma que por primera vez en el año 2021 el gobierno federal no compró votos, ni asignó dinero para que otros lo hicieran.
“Estamos en la lucha efectiva contra la compra de sufragios pero es necesaria una reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa, ningún poder económico puedan comprar votos, como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular”.
“Es necesario superar dijo Pablo Gómez -frente al Presidente en Palacio Nacional-, la situación en la que las autoridades electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno.”
“Lo cual se modificó recientemente al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de oposición abierta al gobierno.”
“Se busca elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que no sean protagonistas en la lucha por el poder.”
“Que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas funciones de la vida pública de México”.
Los métodos de cambio institucionalizados que se propone:
Cambiar del INE y el Tribunal Electoral actuales al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas.
“Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales es correcto.”
“Se plantea una sola legislación, con organismos administrativos y judiciales únicos, encargados de las funciones electorales disminuyendo el ejercicio del gasto público.”
En este punto es claro que la propuesta de reforma puede generar una gran resistencia.
En este punto, el saber organizar elecciones en el territorio federal, con resultados en las jornadas electorales y en las competencias reconocidos por todas las fuerzas y la ciudadanía, se ha logrado avanzar en ello, y a un precio muy alto.
Además de que en cada entidad es autónoma y la gente misma tiene su propia idiosincrasia.
Volvamos a la propuesta presidencial.
“Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas.”
“Designar mediante el voto popular, secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales administrativas y judiciales a través de la postulación de candidatos y candidatas, a cargo de los Poderes de la Unión.”
Aquí debemos remar contra corriente.
Sólo los intereses caminan y los interesados en el proceso político.
La gente del pueblo no suele involucrarse, porque no cree en el proceso democrático y sabe que quienes tienen el dinero y el poder, son los que determinan las reglas, los resultados y las y los elegidos.
Hay posibilidad de mejorar esta parte de la reforma constitucional electoral, para que ni se de mayor poder al Estado ni a los partidos políticos.
Listas elegibles y federalismo genuino con un nuevo Congreso de la Unión.
Se propone que desaparezcan las 5 Circunscripciones electorales plurinominales, y en cada estado se elijan tantos integrantes de la Cámara como lo determine su población; así como 3 Senadores en cada entidad y la integración democrática de los ayuntamientos.
“Fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96, el del Senado”.
Asimismo, “establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades federativas más grandes, para conformar sus legislaturas y un tope máximo de 9 integrantes en los mayores ayuntamientos”.
“El creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular y sólo aumenta el gasto burocrático”.
Pablo Gómez señala que “se debe crear un nuevo Sistema de Elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del poder público, a través de una proporcionalidad pura”.
“Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio”.
Consideramos mejorable esta parte de la propuesta constitucional, tanto en el esquema de las listas como en el de la corruptibilidad que suele acompañar a la política de selección de candidatos, de representación y de incumplimiento con la vocación de servicio público que debe haber en los poderes legislativo, ejecutivo, judicial y en los propios institutos electorales.
Otra propuesta de la 4T en materia de Reforma Democrática es la de “(…) elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión, mediante votación en cada una de las entidades federativas con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes, de igual forma se aplicarían en cada elección legislativa local”.
Clave en la reforma constitucional, y sustancialmente mejorable.
El sufragio digital y el conteo de los votos acreditando su medición, a quien fue atribuido y la constancia fehaciente que el sistema electoral da de ello, es de importancia y oxigenación importante para las y los electores.
Aquí el punto de quiebre es quién o quiénes eligen las listas, con qué méritos reales deben figurar quiénes estén en las listas y cómo se puede evitar que se impongan los intereses locales y nacionales de quienes tienen el poder.
Volvamos a la Reforma.
“Construir un ámbito nacional en el que partidos y candidaturas independientes cuenten con las garantías para su libre participación en la lucha por el poder político”.
“Los partidos deben existir legalmente sólo con base en el voto popular que obtengan. Las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder al igual que los partidos políticos“.
Sobre las libertades republicanas.
Existen instancias públicas, organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades, poderosas corporaciones privadas que proceden a acallar la crítica que procede del gobierno.
“La libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio consagrada en el artículo 7o Constitucional debe ser efectivamente inviolable, debe ser defendida en todos los campos de la vida republicana”.
Un primer balance breve.
Sería un exceso para el lector y la audiencia especializada discurrir cada punto anterior en razón de las lecciones de la historia y actualidad de los sistemas políticos y electorales.
Baste decir por ahora que nos parece una reforma política genuina, sustancialmente interesante, viable y mejorable por tres razones:
Es una propuesta no improvisada, que merece su diálogo reflexivo prudente, que busca federalizar la vida pública a escala e influencia de los electores.
Sabemos que los resultados de vencedores se logran con cerca de un 65% a 75% promedio de la población a nivel distrital, en los que domina la abstención, gobiernos y nudos cupulares que patrocinan candidaturas paracaídas, a espaldas de la ciudadanía.
Bajo esa condición es inaceptable la sociedad y la democracia, como han expresado el sociólogo francés L. Bolstanski y el politólogo italiano A. Mastropaolo
La reforma presidencial está diseñada por quienes han sido testigos y protagonistas en las últimas décadas, que parecen haber hecho un balance del proceso de cambio simulado de las leyes y las instituciones electorales, con todo y los procesos de alternancia, de transición y de supuesta representatividad que se puedan presumir ahora.
Se buscan crear las bases de un nuevo sistema político con la reforma de un nuevo sistema electoral, del federalismo y de las fuentes democráticas de autoridades e instituciones que estarían al frente de los tres poderes de la República.
Aunque el clímax mediático nacional de la polarización, parece hacer imposible que prospere esta iniciativa del Presidente AMLO.
En esa lógica, al nacer, la reforma ya pasa por un proceso de estigmatización, es negada y descalificada, sin leerse, en sus méritos y límites, politizada en el fuego de la polarización.
Su aprobación en efecto está cuesta arriba por la reforma política en sí misma, en tanto implica un nuevo modelo con múltiples azares, riesgos y desafíos para quienes están en el poder, y por las suspicacias que genera el momento actual sucesorio y de una supuesta búsqueda de consagrar El poder futuro de la Presidencia.
Sin embargo, el PRI, el PRD y el PAN parece que presentarán, a nivel singular, sus propias contra propuestas de reforma constitucional electoral, en el que tal vez incluirán la segunda vuelta presidencial.
Movimiento Ciudadano, fortalecido silenciosamente en la coyuntura de la frustrada de la Reforma Eléctrica, puede abrir las compuertas a un escenario de una mayoría calificada.
Toda reforma electoral puede ser valiosa, sobre todo si da más poder a las y los ciudadanos.
Sí, el modelo de sistema político será cimbrado.
Las fuerzas políticas todas enfrentarían un escenario de consolidación o de dejar de tener financiamiento público, prebendas y poder gratis, sin rendición de cuentas como acostumbran, a espalda de sus electores.
No será fácil asumirlo.
Ésta reforma sitúa a las y los electores en el centro de la reforma para elegir directamente a sus legisladoras/es consejeras/os, magistrados/as, sobre la base de listas de candidaturas más cercanas a sus circunstancias y a su conocimiento y confianza reales.
Dependerá del actual poder legislativo federal consolidar una reforma constitucional y leyes ordinarias que permitan resolver parte de la crisis de representatividad de los partidos.
Y sobre todo, que no se desvirtúe hacia una reforma oligárquica, a favor de las élites burocráticas / partidistas vigentes.
Es una oportunidad histórica para construir un modelo a la mexicana de un sistema político y una democracia, en la que realmente la ciudadanía pueda confiar, por estar estrechamente vinculada a compromisos recíprocos y genuinos con sus legisladores, gobernantes y funcionarios, con el bien común.
En esta nueva circunstancia, las diputadas y diputados federales del país, la ciudadanía, las universidades y sus especialistas, tienen una oportunidad única de despojarse de excusas, intereses de facción, del anonimato y de cálculos sucesorios, para moldear la propuesta de reforma presidencial, dejando su huella en pro del futuro de la democracia del país.
