La inseguridad pública es uno de los temas que más han preocupado a los mexicanos en los últimos años. Los ciudadanos no hemos podido dejar de convertirlo en el tema privilegiado; se ha convertido en el tema de temas a pesar de la pandemia.
Es por ello que cada vez son más frecuentes las demandas de ciudadanos que piden una acción más efectiva por parte de las autoridades para erradicar una actividad que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas para diversos sectores.
Hace un par de días se dio a conocer la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al primer trimestre de 2022 que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se trata de un trabajo serio que verdaderamente arroja información valiosa, como lo es que 7 de cada 10 mujeres en México consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.
Dicho estudio, correspondiente al primer trimestre del 2022, constató que, respecto a la percepción de inseguridad en espacios físicos específicos por sexo, 81.6% de las mujeres manifestó sentirse inseguras en los cajeros automáticos localizados en la vía pública. A este le sigue Transporte público con 74.8% y en tercer lugar se encuentra los bancos con 68 por ciento.
Si bien la inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía lo debe de ser para los gobiernos. En nuestro país ha ido en incremento de una delincuencia cada vez más violenta y organizada que crea un clima de incertidumbre y de desconfianza entre la población, y da lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social.
Salvaguardar nuestra seguridad pública es la responsabilidad primaria y esencial del Estado. Proteger y garantizar la libertad, la integridad física y el patrimonio de la población son las bases para un desarrollo sólido en lo económico, político y social para tener certidumbre, confianza, orden y estabilidad.
El efecto de la lucha contra la delincuencia será medible por el número de delitos cometidos y denunciados. Es fundamental promover la cultura de la denuncia por parte de las víctimas de los delitos. Adicionalmente se llevarán a cabo encuestas públicas relativas a la percepción que sobre la seguridad tenga la ciudadanía.
En nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 21, define a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios. En tanto, la ley que regula este precepto constitucional señala que “las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad pública mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor”. Esta misma ley señala al Estado en su conjunto le corresponde combatir las causas de los delitos y fomentar el respeto a la legalidad
