El pleno del Congreso capitalino aprobó una proposición para solicitar a diversas autoridades brindar la asesoría jurídica a diez familias desalojadas del asentamiento humano irregular “Hogar y Redención”, mismas que se ven afectadas por el procedimiento de recuperación administrativa, ejecutado por la alcaldía Álvaro Obregón.
En tribuna, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA), denunció que el pasado 24 de febrero la alcaldía Álvaro Obregón inició un procedimiento de recuperación administrativa con la intención de retirar a diez de las noventa familias que habitan el asentamiento humano irregular del predio conocido como “Hogar y Redención”, ubicado entre avenida Centenario y avenida Río Mixcoac, colonia Hogar y Redención en la citada demarcación.
Señaló que las familias afectadas denunciaron que el proceso administrativo en su contra se encuentra viciado de origen, debido que sólo se lleva en contra de diez de las familias que habitan el predio, asimismo argumentaron que el inicio del trámite no les fue debidamente notificado y al momento de hacerlo de su conocimiento, no se les concedió el tiempo suficiente para preparar su defensa, lo que los dejó en estado de indefensión.
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Por ello, a través de un punto de acuerdo, la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA) exhortó la intervención del Órgano Interno de Control de la alcaldía en Álvaro Obregón y de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, a efecto de brindar atención y asesoría a las personas afectadas y contar con mayores elementos y alternativas legales, que les permitan estar en condiciones de defender sus derechos.
La legisladora manifestó que, sin acreditar el interés común de la recuperación del predio y sin darle peso a los elementos aportados por las personas, la alcaldía AO concluyó el procedimiento y ordenó a las familias desocupar el predio, sin mencionar un plazo previo para llevarlo a cabo, lo que de nueva cuenta vulnera sus derechos.
Por ello, las personas afectadas interpusieron el juicio de amparo 651/2022 por la violación de sus derechos humanos a la vivienda, debido a que la alcaldía les ordenó desalojar el predio, omitiendo su obligación de nivelar las condiciones materiales que hacen viable el acceso a la vivienda como lo ordenan diversas jurisprudencias provistas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a la aplicación del artículo IV, párrafo séptimo de la Constitución Federal.
La diputada Batres Guadarrama consideró que, ante las implicaciones en la vida de un número considerable de familias, el procedimiento debió ser analizado desde una perspectiva más amplia; “impidiendo la toma de decisiones ilegales, unilaterales e irresponsables que pudieran derivar en perjuicio irreparable de las personas, como sería quedarse sin un lugar donde vivir”, acotó.
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