“Terminar con los excesos y abusos cometidos por algunos generadores de energía, del sector privado, derivados de errores de la reforma energética de 2013”. No, no es un texto de la Reforma Eléctrica, sino el quinto de los 12 puntos que la oposición exige incluir completos a cambio de sus votos. ¿Qué no fueron esos mismos partidos los que legislaron y aprobaron esos abusos por los que ahora hay contratos leoninos y las tarifas no bajan como habían prometido? Así reconocen que aquella legislación estuvo mal diseñada.
También demandan incluir a la electricidad como un derecho constitucional, lo que, si bien no está expresado específicamente en el dictamen, sí está implícito en el articulado. ¿Tendría que ser una postura inamovible? Nada más como ejemplo, desde la reforma de telecomunicaciones, también de 2013, el acceso a internet es un derecho garantizado en la Constitución, sin embargo, nueve años después, la letra sigue sin ser igual a la realidad, irónicamente, entre otras razones, por falta de electricidad.
El gran problema con las simulaciones es que se revuelven con las buenas intenciones y el resultado termina siendo el contrario al necesario. De no ser así, no tendríamos escuelas sin luz e internet en las zonas rurales. No habría fraccionamientos de vivienda popular sin agua ni otros servicios básicos, pero con la gente pagando su crédito Infonavit. Estaríamos viendo mejor infraestructura para el campo y a los campesinos con herramientas para la innovación.
Si aquella reforma energética hubiera estado a la altura, la CFE no tendría que estar buscando fórmulas para atraer a 415 grandes clientes que están atrapados en las irregularidades de los desvirtuados contratos de autoabasto, ni soportar los pagos ínfimos por el uso de la red de distribución. Tampoco contratos de generación abusivos por parte de consorcios internacionales como lo expusimos aquí mismo, poniendo El Dedo en la Llaga, el 22 de febrero
No habría que buscar y señalar responsables que permanecen impunes, ni estaríamos discutiendo hoy los desequilibrios en el sector.
Queda claro que se necesita una reforma eléctrica. Considerando que los gobiernos panistas y priistas en su turno no dieron el ejemplo que hoy exigen, ¿no sería más responsable dejarse de polarizaciones y sentarse a dialogar y negociar, considerando que el gobierno al que señalan como intransigente ya accedió a incluir nueve de sus 12 propuestas?
Hay asuntos mucho más relevantes que discutir. Si bien el embajador, Ken Salazar, afirma que “la unión entre Estados Unidos y México es para siempre porque estamos integrados en nuestra economía”, también advirtió sobre la lluvia de demandas que habría en el marco del T-MEC tanto con la reforma en manos de los diputados, como con la validación constitucional de la Ley de la Industria Eléctrica que hizo la Suprema Corte.
Hay 10 mil millones de dólares en inversiones estadounidenses en riesgo e incertidumbre, dice la representante comercial de ese país, Katherine Tai. También otros 13 mil millones de dólares de capitales procedentes del otro lado del Atlántico, según Gautier Mignot, representante de la Unión Europea, con la que tenemos 18 acuerdos de inversión.
El gran paso tiene que ser hacia las energías limpias en todo sentido. Más allá de un parlamento abierto con oídos sordos y confrontación, ¿no es capaz la clase política de dialogar realmente entre sí y con los inversionistas para encontrar soluciones que signifiquen ganar-ganar?
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
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@ADRIDELGADORUIZ
