DeReporteros
Por: ENRIQUE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Un Ejecutivo que desprecia el trabajo de los jueces imparciales y solapa la impunidad, se encuentra cobijado por un Legislativo lacayo e inoperante. El panorama es completado por un Judicial errático, que sostiene con alfileres la independencia que le queda como última esperanza antes del abismo.
¿México involuciona? Se usa la ignorancia para sostener el engaño de un discurso ficticio, parece que la justicia responde solo cuando se enciende la indignación social que exhibe un sistema de complicidades. Irónicamente, el eje conductor de la vida pública sigue siendo la Carta magna, que se trata de acomodar a un proyecto político y no al revés como se hace en los sistemas civilizados.
Es sencillo entender que ninguna ley debe estar por encima de nuestra Constitución. Por eso, la última frontera es la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde todavía podemos encontrar señales de autonomía que tratan de ser acotadas con perfiles incondicionales al presidente, como Loretta Ortiz Ahlf.
Su disciplina militante la llevó a ser diputada federal por Morena y a participar de un grupo de legisladores, entonces de oposición, que combatieron la reforma energética de Enrique Peña Nieto. No podemos olvidar el ánimo aguerrido de la jurista, quien incluso acampó al pie de la tribuna en San Lázaro. Ahora con la investidura de ministra, curiosamente y no me parece casualidad, elaboró los proyectos de resolución que desestiman las Acciones de Inconstitucionalidad presentadas contra la nueva ley del sector, abiertamente regresiva para consolidar el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los proyectos de la ministra Ortiz electrocutan a la Corte y avalan en su totalidad las intenciones del Ejecutivo federal, habiendo sido ella una de las principales detractoras del esquema energético de la anterior administración. ¿Dónde está el decoro y la dignidad de la investidura que la obliga a la imparcialidad? ¿No es evidente que cualquier otro ministro o ministra debió hacerse cargo de este proyecto en particular? Hay un abierto conflicto que tendría que propiciar su impedimento, pero eso no ocurre. La Corte juega un papel comprometedor con el análisis y resolución de este asunto del máximo interés para el régimen, que descalifica toda acción contraria a su interés en las instituciones que fueron diseñadas para evitar el sometimiento.
La decisión unánime para revertir la infamia de Alejandro Gertz se dio más en un contexto de necesidad, ante el escándalo de llamadas espiadas al fiscal General de la República, que afectó la imagen del Alto tribunal y comprometió a algunos de sus integrantes.
La visibilidad mediática de los asuntos que aborda la Corte es factor para evaluar cada voto y reflexión expresada en su pleno y solo así diferenciar el proceder en lo individual de sus togados. En plena carrera a la sucesión de Arturo Zaldívar, que será relevado en nueve meses, cada proyecto y voto son calculados con mucho escrúpulo por la reacción que puedan despertar ante la opinión pública.
Desde su llegada, la ministra Ortiz ha dejado claro un estilo áspero en la ponencia que heredó y desintegró, para darle un sello abiertamente ideológico a su trabajo que dice ser independiente en el discurso. Ella es incondicional a su líder moral en Palacio Nacional y le cumplirá por encima de su alta investidura como jueza constitucional. Así lo hizo como legisladora y lo sostendrá como ministra, de ahí el sentido de sus proyectos sobre la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, que no tendrá mayores obstáculos en el Tribunal Constitucional para la validación esperada por la autodenominada Cuarta Transformación.
En esta coyuntura, las reflexiones de un expresidente de la Corte, cuyo estilo es tradicionalmente discreto y alejado de los reflectores, expresan una preocupación sustentada con gran autoridad moral. Refiero la nota del reportero Rolando Herrera del diario Reforma, que revisa a detalle el discurso de Juan Silva Meza, pronunciado en Madrid, España, el 10 de marzo pasado durante el XII encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional.
El ministro en retiro expresó dos grandes inquietudes: “Con la llegada al poder del nuevo titular del Ejecutivo en 2018, con el Congreso de su lado, comenzaron a multiplicarse toda una diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar o capturar completamente la estructura del Poder Judicial”. Sobre la gran reforma que fue opacada por el fallido intento de Zaldívar para prolongar su periodo como presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Silva Meza comentó: “Se ha evidenciado que esta reforma judicial cuenta con otras disposiciones que presentan el grave riesgo de que el gobierno termine ejerciendo un control político de la función judicial, afectando gravemente la independencia judicial”.
Difícilmente se puede ser más contundente para describir lo que ocurre en el Poder Judicial de la Federación que representa la última línea de defensa.
Y para colmo, hace dos días el presidente López Obrador anunció una iniciativa de ley para que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y los magistrados electorales que califican las elecciones presidenciales sean electos por el pueblo, es decir con la intervención y beneplácito del tabasqueño. De prosperar la propuesta, significaría el mayor golpe a la autonomía judicial y la separación de poderes en México. Lo que seguiría en esa táctica sería tomar también a la Corte con el mismo argumento para remover al pleno y elegir a sus integrantes a través del voto.
Muy grave la intención, pero más lo sería el silencio de Arturo Zaldívar ante esta iniciativa que tiene como objetivo formalizar la claudicación de la impartición de justicia federal en materia electoral hacia 2024.
Así comienza el fin de una democracia que propició la alternancia y la llegada al poder de quienes ahora la amenazan.
Edictos
La liberación de Alejandra Cuevas Morán, privada de su libertad durante 528 días acusada de un delito que no cometió, ha dejado al descubierto las complicidades del ministerio público, una jueza, un magistrado y la fiscal en la Ciudad de México. El abuso fue ampliamente denunciado por los hermanos Castillo Cuevas, que lucharon con valentía para revertir la atrocidad.
Ernestina Godoy y el ministerio público a su cargo reactivaron una averiguación previa que no prosperó por considerar que no había delito que perseguir, antes de que Gertz fuera titular de la FGR.
Marcela Ángeles Arrieta, jueza 67 penal de la capital, dictó auto de formal prisión respecto a un delito inexistente en la dogmática penal. Octavio Ceballos Orozco, en funciones de magistrado local, ratificó la infamia contra Alejandra Cuevas y su madre.
La cadena de monstruosidades exhibe un sistema de consignas que deben ser ejemplarmente castigadas.
Si Godoy y los juzgadores involucrados tienen dignidad, deberían renunciar, pero como no es así, cargarán el resto de sus vidas con el peso de la injusticia que cometieron.
¿Se imaginan cuántos casos similares hay en la capital y entidades como Puebla o Veracruz, entre otras, donde sus gobernadores usan a placer la maquinaria perversa de fabricación de delitos y órdenes de aprehensión?
