Claudia María Bazúa Witte, la auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, anticipó que ya alista presentar denuncias penales ante la FGR por irregularidades detectadas al interior de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como la Conade.
La funcionaria pública indicó durante una reunión de trabajo con diputadas y diputados integrantes de la de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que al detectarse irregularidades graves al interior de Segalmex y sus filiales, Diconsa y Liconsa, “sin duda merecen sumarse a las denuncias” que ya presentó en su momento la Secretaría de la Función Pública contra funcionarios de estos organismos.
“En 2020 tenemos irregularidades graves, como las de Segalmex y sus dos empresas, Liconsa y Diconsa, que merecen que la ASF se sume a las denuncias que ya están presentadas”, dijo.
Bazúa Witte añadió que existen elementos importantes, como la realización de una auditoría forense para profundizar y realizar los procedimientos necesarios para presumir y “tenemos muchísimos elementos que nos hacen presumir el daño al erario público”.
“Se cuentan con elementos muy importantes para sustentar las denuncias que muy probablemente presentar, porque los funcionarios (de Segalmex) no tienen para dónde hacerse”, enfatizó.
“Hicimos las auditorías a Segalmex, Diconsa y Liconsa y encontramos estas irregularidades, simultáneamente la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en la operación de estas entidades, y determinaron los cambios de los directivos” de las empresas, dijo Bazúa.
Asimismo, explicó que luego de realizar seis auditorías forenses a diversos entes del gobierno, se destacan tres realizadas a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que abarcan casi el universo entero de sus recursos otorgados en 2020, por lo que, dijo, se detectaron irregularidades que pueden aportar elementos para una denuncia.
“Si no, tenemos muchísima evidencia que reporta las acciones que hemos emitido”, sostuvo.
Finalmente, aseguró que sobre los dictámenes técnicos emitidos desde 2016 a 2019 por la ASF, se le sigue dando seguimiento, por lo que algunos ya están en el área jurídica y serán presentados en su oportunidad a la FGR.
En general, sobre las fiscalizaciones a su cargo, la Auditora Especial de Cumplimiento Financiero indicó que encontraron irregularidades en la Cuenta Pública de 2020 por más 21,267 millones de pesos.
Comentó que como parte de las estrategias de la Auditoría Especial para agilizar pendientes, en particular denuncias y mantener equilibrio con las demás áreas de la institución, hasta agosto del año pasado las áreas auditoras teníamos la facultad, de acuerdo al reglamento interior, de realizar los dictámenes técnicos para denuncia de hechos que se enviaban al área jurídica que los calificaba y solicitaba documentación para fortalecerlos y enviarlos a la Fiscalía General de la República, en la ruta que deben seguir.
Explicó que el reglamento interior de la ASF cambió y no caprichosamente; es parte de los equilibrios que existen en el trabajo de la institución y por un motivo de orden jurídico, se replanteó que fuera la Auditoría Especial de Seguimiento quien realice los dictámenes técnicos en coordinación con las áreas de investigación y la jurídica.
