Durante el año 2022 el Estado de México dispondrá de 686 millones 957 mil 934.00 pesos para el fortalecimiento de acciones en prevención de delitos y seguridad pública, esto tras darse a conocer los recursos que recibirá como parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
El acuerdo signado entre la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad de la entidad (SSEM) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisa que la cantidad será ministrada durante este 2022 para “atender las políticas, estrategias y prioridades orientadas al cumplimiento de los Ejes Estratégicos, los Programas y Subprogramas con Prioridad Nacional”.
En este sentido, la federación aportará 549 millones 566 mil 347.00 para estas tareas de inteligencia, mientras que el gobierno mexiquense hará una aportación de 137 millones 391 mil 587.00 pesos, esto como parte del convenio.
¿Qué es el FAPS y para qué sirve?
El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) por sus siglas “es un fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las entidades federativas para dar cumplimiento a estrategias nacionales en materia de seguridad pública”, se explica en su sitio web.
En este sentido tiene la intención de atender ejes temáticos para la procuración de justicia. Una de ella es el desarrollo, profesionalización y certificación policial; otro la tecnología, infraestructura y equipamiento de los efectivos; así como la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios.
Asimismo, se tiene contemplado el fortalecimiento al sistema penitenciario nacional; el desarrollo de las ciencias forenses ante hechos delictivos; la mejora de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto; y la especialización de las unidades encargadas de la búsqueda de personas.
Por ello, es que el gobierno mexiquense tendrá que realizar los gastos de dicho recurso “observando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad”.
Por ello es que deberá de informar mensual y trimestralmente sobre los avances en la aplicación y las acciones a las que fue destinado el financiamiento.
